21. Modernización judicial responsable
El expediente es un medio de justicia
Un proceso judicial puede ser digital y seguir siendo inaccesible, lento o arbitrario. También puede ser formalmente cuidadoso y tardar tanto que la decisión llegue cuando perdió utilidad. Modernizar exige conservar independencia, contradicción y defensa mientras se reducen demoras que no protegen derecho alguno. El objetivo no es que una plataforma «decida más rápido»; es que personas y tribunales puedan conocer el caso, debatir prueba y obtener una decisión fundada en tiempo razonable.
La Constitución organiza el Poder Judicial nacional y sus garantías, incluido juez natural, defensa en juicio e independencia de la función jurisdiccional. Las provincias conservan su justicia local dentro del orden federal. No existe un ministerio nacional que pueda imponer un algoritmo decisor a todos los jueces del país. B03 La reforma aquí propuesta distingue reglas procesales que requieren ley, gestión y tecnología que corresponden a órganos judiciales competentes, y cooperación con provincias mediante acuerdos válidos.
Digitalizar con cadena de custodia y acceso efectivo
La Ley 26.685 autorizó expedientes, documentos, comunicaciones, domicilios y firmas electrónicos en procesos del Poder Judicial de la Nación, con eficacia jurídica y valor probatorio equivalentes bajo reglamentación de la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura. Esto da base normativa, pero no demuestra que cada expediente sea legible, que las notificaciones lleguen o que todos los litigantes tengan conexión. B96 La Corte ha dispuesto usos del sistema de gestión judicial electrónico dentro de su ámbito; sus acordadas deben cotejarse por fuero y fecha antes de afirmar un único estado de digitalización. B97
Un expediente confiable conserva originales, identificación de quien presentó, fecha y hora, firma según régimen, integridad de archivos, versiones y registro de acceso. Las piezas deben ser buscables y accesibles para personas con discapacidad; la conversión automática de imágenes en texto necesita control cuando una cifra o apellido es decisivo. Un sistema debe permitir recuperación ante caída, respaldo independiente y constancia de presentación si falla la plataforma. La indisponibilidad tecnológica no debe hacer perder un plazo por un defecto estatal. Su solución concreta depende de cada código y reglamento, pero el principio de no indefensión debe guiar el diseño.
La mesa presencial o asistida conserva valor. Una persona sin dispositivo, alfabetización digital o conectividad debe poder iniciar y seguir un reclamo por un canal equivalente. La digitalización puede reducir viajes y papel para unos y crear una barrera nueva para otros. Medirla solo por porcentaje de presentaciones en línea escondería exclusión. Las métricas deben registrar intentos fallidos, tiempos de carga, asistencia requerida, disponibilidad por zona y accesibilidad verificada con usuarios.
Gestión del tiempo y del trabajo judicial
Para saber dónde se demora un proceso se separan etapas: inicio y admisibilidad; notificación; respuesta; prueba; audiencia; decisión; recurso; ejecución. Un promedio global oculta causas urgentes y expedientes que permanecen años sin movimiento. El tablero de gestión registraría distribución de tiempos por materia y complejidad, antigüedad de casos pendientes, incidencias técnicas, suspensiones, recursos y cumplimiento de sentencia. Debe preservar independencia: una cuota ciega de «sentencias por juez» puede incentivar rechazos automáticos o menos audiencias. La calidad también importa: fundamentación, trato, revocaciones interpretadas con prudencia y ejecución real.
Algunas demoras responden a falta de personal, peritos o defensores; otras, a procedimientos innecesarios o notificaciones defectuosas. Un sistema de agenda compartida puede evitar superposición de audiencias, pero no reemplaza la decisión de cuánto tiempo necesita una persona para defenderse. Los protocolos deberían distinguir actos repetibles con plantillas de decisiones que requieren examen singular. Una plantilla útil contiene campos de hechos y razones que deben llenarse; una plantilla peligrosa preescribe el resultado y convierte la firma judicial en ritual.
La ayuda jurídica debe crecer junto a la simplificación. Formularios comprensibles, orientación sobre competencia y costos, intérpretes, defensorías y asistencia a distancia pueden permitir reclamos de bajo monto que hoy resultan prohibitivos. El Estado debe informar qué ayuda es orientación y qué constituye patrocinio. Una herramienta automática que sugiere cómo presentar un escrito no debe crear apariencia falsa de asesoramiento individual confiable ni cargar al ciudadano con errores de clasificación del propio Estado.
IA de apoyo: tres usos y tres umbrales
Una herramienta de búsqueda puede localizar normativa, precedentes y piezas del expediente. Una de gestión puede priorizar audiencias próximas a vencer o detectar documentos duplicados. Una de redacción puede proponer resumen o borrador. Los riesgos aumentan en ese orden y cambian según el caso: confidencialidad, citas inexistentes, selección sesgada de precedentes, omisión de un argumento minoritario y adopción acrítica de lenguaje generado. Ninguna salida se incorpora como hecho probado por haberla producido un modelo.
Para búsqueda, el umbral mínimo es fuente enlazada y versión normativa; para resumen, cotejo contra documento original y señal de incertidumbre; para una propuesta de decisión, revisión integral por funcionario o magistrado competente y explicación propia. Las decisiones jurisdiccionales permanecen humanas, identificables, motivadas y recurribles. Un juez puede usar herramientas de oficina, pero no delegar el juicio jurídico o probatorio en una caja negra cuya inferencia no puede explicar a las partes. En materias que afectan libertad, familia, subsistencia o discapacidad, la exigencia de revisión y de no automatización es particularmente intensa.
La UNESCO recomienda evaluar impactos de IA sobre derechos y supervisión humana; NIST ofrece un marco voluntario de gestión de riesgos. Son guías, no licencias para usar sistemas ni normas procesales argentinas. B81 B83 Un informe de Naciones Unidas sobre derechos humanos en administración de justicia examina desafíos y prácticas de tecnología e IA; su existencia no prueba eficacia de un producto o tribunal argentino. B98
Contradicción y control de sesgos
Si una herramienta influye materialmente en selección de casos, valoración de riesgo o contenido de una resolución, la persona afectada necesita saber que se usó, qué función cumplió y cómo discutir un error. No implica publicar datos protegidos ni secretos de seguridad sin límites, pero sí ofrecer una explicación suficiente para ejercer defensa y pedir revisión. Antes de usar el sistema se documentan propósito, datos de entrenamiento o reglas, grupos potencialmente afectados, tasas de error y pruebas de robustez. Durante el uso se conserva versión y registro de consulta para reconstruir el resultado.
Una tasa promedio de acierto puede esconder errores concentrados en personas de una provincia, hablantes de otra lengua o litigantes sin abogado. La auditoría compara errores y omisiones por grupos cuando es legal y metodológicamente posible; si la categoría sensible no debe almacenarse, se diseñan pruebas protegidas y externas. Los expedientes históricos no son verdad neutral: contienen desigualdad de acceso y decisiones luego revocadas. Entrenar un sistema para copiar el pasado puede consolidar esa desigualdad bajo apariencia de consistencia.
El órgano judicial competente debe poder suspender la herramienta si alucina citas, viola confidencialidad o produce errores relevantes. El contrato tecnológico incluiría auditabilidad, continuidad del servicio, exportación de datos y prohibición de reutilizar expedientes para entrenar sistemas comerciales sin base legal. Debe haber pruebas con casos reales anonimizados y revisión profesional, no solo demostraciones del proveedor. El capítulo II.18 diseñó principios de infraestructura; aquí se somete su aplicación a independencia judicial y defensa.
Implementación con jurisdicciones y recursos
El primer paso es mapear sistemas y procesos judiciales existentes por fuero, jurisdicción y etapa; el segundo, seleccionar dos o tres problemas de alto costo administrativo con baja incidencia decisoria, como notificaciones fallidas o agenda. Se fija línea de base, presupuesto, tiempo de capacitación y soporte, y se prueba en sedes voluntarias bajo autoridad competente. Antes de expandir se observa si disminuyen fallas y tiempos sin reducir defensa ni aumentar exclusión digital. Una mejora local no se extrapola automáticamente a todo el país.
El presupuesto incluye infraestructura, seguridad, mantenimiento, migración de datos, personal de ayuda, auditoría y continuidad analógica asistida. Ahorrar papel no significa ahorrar presupuesto total. La gobernanza debe distinguir quienes diseñan o contratan, quienes operan, quienes auditan y quienes resuelven recursos. Se publica información de desempeño agregada; los expedientes bajo reserva y datos personales conservan sus límites. La Ley 25.326 y las reglas procesales de cada fuero condicionan acceso y tratamiento de información. B06
Livia — contrapunto crítico. El lenguaje de eficiencia puede justificar una burocracia que resuelve más expedientes porque escucha menos. Pediría seguir una muestra de casos desde la presentación hasta la ejecución de la sentencia, escuchar a litigantes y defensores, y comparar errores antes y después del cambio. También preguntaría quién puede apagar el sistema cuando falla y si un magistrado sabe detectar una cita inventada. Si la mejora reduce solamente la cola visible y desplaza trabajo a ciudadanos y abogados, la cifra de productividad sería engañosa.
La justicia moderna no es una pantalla ni un modelo predictivo. Es un proceso capaz de dar razones, corregir errores y cumplir decisiones sin pedir a una persona que renuncie a su defensa para obtener rapidez. La tecnología merece un lugar subordinado a esa obligación.
Referencias específicas
- B03. Constitución nacional, garantías de defensa e independencia judicial.
- B06. Ley 25.326, protección de datos personales.
- B81. UNESCO, Recomendación sobre la Ética de la IA, 2021.
- B83. NIST, AI RMF 1.0, guía voluntaria.
- B96. Ley 26.685, expediente judicial electrónico.
- B97. Corte Suprema de Justicia de la Nación, repositorio de acordadas.
- B98. Naciones Unidas, informe sobre derechos humanos y tecnología en administración de justicia.