39. Tres escenarios integrados y pruebas de estrés
Probar simultaneidad sin inventar una predicción argentina
Los casos del capítulo II.17 y las identidades de II.25 fueron ensayos separados. Un gobierno enfrenta problemas simultáneos: cae la recaudación cuando una provincia necesita mantener una ruta y cuando las familias necesitan asistencia. Esta integración muestra qué decisión se puede posponer y cuál no. Todos los valores siguientes pertenecen a un país y territorios imaginarios. «UCH» designa unidades territoriales hipotéticas; «UFX», unidades externas hipotéticas; las cifras fiscales macro son porcentajes de un PIB imaginario igual a cien. No se suman entre sí, no representan Argentina y no predicen resultados. La planilla INVESTIGACION/PRUEBAS_ESTRES_INTEGRADAS_HIPOTETICAS.csv permite recalcular las identidades.
La ley real sigue importando en el ensayo. Un Ejecutivo no puede mover fondos legalmente comprometidos sin procedimiento presupuestario ni imponer a una provincia el gasto de otra. B04 B73 La unidad territorial se usa solo para verificar si una decisión cabe en una autorización supuesta; el resultado macro no puede financiarse con «ahorros» municipales inventados. El registro de compromisos de II.36 separa flujos anuales, deuda, garantías y recursos por jurisdicción.
Escenario uno: continuidad frágil
El país imaginario recauda 20 unidades por cada PIB 100, gasta 18,5 de forma primaria y paga intereses de 1,5: resultado financiero cero. En el sector externo simplificado exporta 100 UFX, importa 90, paga otros 15 netos y consigue financiación neta de 5; la variación simplificada de reservas es cero. Son exactamente las identidades del CSV de II.25. El municipio B imagina ingresos de 1.000 UCH, obligaciones previas de 880 y un programa de 80 más reserva de 20; quedan 20 sin comprometer. La cifra de 80 reúne integración, formación, inspección y auditoría del piloto de II.17. Ninguna reserva es ingreso. Un saldo financiero macro de cero no prueba solvencia de largo plazo ni disponibilidad de divisas: el financiamiento externo de 5 sigue siendo condición.
La decisión permisible es abrir la prueba municipal con contratos escalonados y plazo de suspensión, no convertirla aún en prestación permanente. Se protegen obligaciones existentes y se verifica que los 880 incluyan salarios, mantenimiento y pasivos exigibles. El indicador principal es si mejora recolección y reparación en zonas piloto sin deteriorar otras zonas. La revisión a seis meses puede detener expansión si el ahorro de tiempo es menor al costo de mantener registros o si aumentan cierres falsos de reclamos. Sin contrato real y línea de base, el ensayo no sabe si esas mejoras ocurrirán.
Escenario dos: shock fiscal, externo y local
Ahora los ingresos fiscales macro imaginarios caen a 18,5, el gasto primario sube a 19 y los intereses a 2,5: resultado primario −0,5 y financiero −3. Exportaciones bajan a 85 UFX, importaciones suben a 95 y otros pagos netos quedan en 15: cuenta corriente simplificada −25. Con financiación neta de 10 queda una brecha de 15 UFX. Este número no equivale a pérdida real de reservas de Argentina; indica que el plan necesitaría otra fuente o ajuste. B107 B109 Sus portales reales no fueron usados para calibrar el ejemplo.
Al mismo tiempo, el municipio B imaginario recibe 950 UCH, cinco por ciento menos que en la base. Conserva obligaciones de 880. Si mantuviera programa de 80 y reserva de 20, requeriría 980 y faltan 30. La primera corrección explícita es recortar 30 UCH de programa aún no contratado: programa 50, reserva 20, margen cero. Se priorizan inspección de seguridad y atención presencial; se difiere ampliación tecnológica y capacitación no urgente, sujeto a verificar contratos existentes. Si el municipio ya firmó un contrato irrevocable por 80, esta salida no sirve: debe buscar autorización y financiación lícita, renegociar según derecho o revelar incumplimiento. El ejercicio no supone que una deuda o subvención nacional llegue a tiempo.
Hay sensibilidad relevante. Si ingresos municipales cayesen diez por ciento, serían 900; menos 880 de obligaciones deja 20. Preservar reserva de 20 deja cero para programa. Si además las obligaciones previas subieran 2 por ciento, sumarían 897,6 y con ingresos 950 el margen antes de reserva sería 52,4; después de reservar 20 quedarían 32,4 de programa. Estos cálculos muestran que una aparente «baja pequeña» de ingresos o alza de costos cambia el alcance viable. No prescriben un recorte real. La decisión política debería revisar legalidad de obligaciones, distribución de pérdidas y servicios esenciales, con audiencia pública y órgano presupuestario competente.
El shock externo puede encarecer equipos importados y hacer todavía menos viable el programa digital, pero aquí no hay tipo de cambio ni elasticidad para cuantificarlo. El capítulo II.36 exige añadir esa sensibilidad con precios reales antes de contratar. Un gobierno que afirma cerrar el déficit macro de 3 con recortar 30 UCH municipales mezcla unidades y jurisdicciones; el libro descarta esa operación.
Escenario tres: mejora fiscal condicionada con costo territorial mayor
La recuperación fiscal imaginaria supone ingresos 20,5, gasto primario 19 e intereses 1,5: resultado financiero cero. Se la llama «condicionada» porque la fuente de mayor ingreso no fue estimada; no hay dato externo en esa fila y no se infiere mejora de reservas. En el corredor C, cada provincia imaginaria había autorizado 60 UCH: mantenimiento 35, medición 5, reserva 10 y margen 10. Si mantenimiento sube veinte por ciento, cuesta 42. El programa operativo totaliza 47, más reserva 10; quedan 3 por provincia. La coordinación no puede sumar presupuestos provinciales como si fueran caja regional común; cada una debe confirmar su propia autorización.
La secuencia importa. Primero se preserva seguridad vial y drenaje indispensables; luego se revisan tramos de menor prioridad o plazos de mantenimiento, con evaluación de daño. La mejora fiscal del centro no permite automáticamente elevar el convenio: hace falta transferencia aprobada, condiciones y calendario, y quizá otra prioridad nacional compita por recursos. Si el costo de mantenimiento subiera cuarenta por ciento sobre 35, sería 49; sumado a medición 5 y reserva 10 da 64, cuatro por encima de autorización. En ese punto se reduce alcance o vuelve a legislatura. El escenario favorable macro puede coexistir con fracaso de una obra territorial; por eso un solo semáforo nacional no sirve.
Pruebas institucionales y distributivas
En los tres casos se auditan cinco preguntas. ¿Qué obligaciones son jurídicamente exigibles y cuáles aún reversibles? ¿Quién pierde acceso si se reduce gasto? ¿Qué variable financiera es flujo y cuál stock? ¿Qué dato falta para aplicar la cifra a Argentina? ¿Quién puede corregir la decisión y quién atiende reclamos? El estrés no se supera solo porque la tabla cierre: un recorte que deja a un barrio sin agua sería una falla aunque equilibrase UCH. Un paquete exitoso en promedio puede cargar costos sobre una comunidad rural, trabajadoras de cuidado o usuarios sin conectividad. La evaluación distribucional debe preceder expansión.
Un procedimiento de stop/go registra la condición activadora antes de observar resultados: pérdida de margen, aumento de daño, deficiencia legal, mal funcionamiento de sistema o ausencia de datos confiables. El freno preserva servicios y pagos ya debidos, detiene obligaciones nuevas y comunica alternativas. La reanudación exige presupuesto revisado y evidencia de capacidad, no solo rebote de ingresos un mes. En un territorio real se reemplazarían todos los supuestos por series fechadas, inventario de contratos, precios, población objetivo y evaluación ambiental; sin ello, el ejemplo sigue siendo didáctico.
La mirada de Livia
Un escenario internamente consistente puede dar falsa confianza porque el modelo elige shocks simples y permite recortes instantáneos. En la vida pública, salarios, sentencias, contratos y necesidades no bajan cuando cae la recaudación. También hay respuestas de hogares y empresas: una reducción de mantenimiento puede agravar el costo futuro; una devaluación puede modificar importaciones y salarios de forma desigual. Exigiría sensibilidad a tiempo de reacción, deuda vencida, cláusulas de indexación y resistencia legal de cada obligación. Registraría resultados que la tabla no capta, como horas sin servicio y hogares desplazados. El valor del ejercicio no es pronosticar: es hacer visibles preguntas que el entusiasmo por un plan tiende a omitir.
Cierre
La arquitectura resiste una prueba de estrés cuando puede cambiar curso sin mentir sobre cuentas, eludir la ley o abandonar personas. Las tres escenas no eligen automáticamente una política; delimitan qué información y qué decisiones hacen falta para que una propuesta se convierta en gobierno responsable.