22. Integridad informativa sin censura
Proteger la conversación pública
Una elección necesita que las personas puedan informarse, discutir, equivocarse, rectificar y desconfiar del gobierno. También necesita que sepan quién pagó un mensaje y que no se suplante a una autoridad electoral para cambiar el lugar de votación. Las dos exigencias pueden entrar en tensión cuando el Estado se atribuye la facultad de decidir qué versión de los hechos es verdadera. Un programa de integridad informativa debe atacar conductas verificables —suplantación, financiación opaca, fraude, uso indebido de datos— y ampliar información confiable, sin convertir una oficina en árbitro general de opiniones.
La Constitución protege publicar ideas sin censura previa y la Convención Americana, con jerarquía constitucional, ampara buscar, recibir y difundir informaciones e ideas con responsabilidades posteriores definidas por ley bajo condiciones estrictas. La Declaración de Principios de la CIDH rechaza obstáculos arbitrarios y condicionamientos de «veracidad» impuestos por el Estado. B03 B49 La desinformación deliberada es un problema real; la vaguedad de la palabra también puede ser usada para silenciar crítica. Por eso una propuesta operativa debe identificar comportamiento, daño, evidencia, autoridad y recurso.
Cinco fenómenos distintos
Una persona puede compartir por error una fecha antigua. Un candidato puede prometer un resultado económico que sus adversarios consideran improbable. Un proveedor puede pagar una red de cuentas falsas para fingir apoyo espontáneo. Alguien puede falsificar el sello de la justicia electoral para decir que una mesa cambió. Otro puede difundir datos privados de un rival. Son hechos diferentes. La rectificación pública y alfabetización sirven para el primero; el debate y periodismo para el segundo; la transparencia de gasto y condiciones de plataformas para el tercero; los canales oficiales y, cuando corresponda, acciones legales para el cuarto; la protección de datos y remedios para el quinto.
Clasificar toda afirmación controvertida como «noticia falsa» reduce la deliberación. En cuestiones económicas puede haber hechos medibles y modelos distintos. Una afirmación sobre una cifra oficial puede corregirse citando serie y período; una predicción sobre empleo o inflación exige exponer supuestos y no fingir que existe una verdad observada del futuro. Las autoridades públicas deben corregir sus propios errores con el mismo estándar que reclaman a partidos y medios.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH presentó una guía sobre desinformación deliberada en elecciones y declara su preocupación por medidas que limiten indebidamente expresión o amplíen poder estatal sobre medios y datos. B99 Su orientación es relevante, pero no reemplaza leyes argentinas ni resuelve por sí sola el régimen de cada plataforma.
Dinero, alcance y atribución
La Ley 26.215 ya incluye un capítulo sobre publicidad electoral digital: la Cámara Nacional Electoral registra cuentas oficiales de candidaturas y agrupaciones; las rendiciones deben acompañar material audiovisual de campañas en internet, redes, mensajería y otras plataformas; la justicia electoral reglamenta ese aspecto; y se prevén mensajes institucionales de educación digital antes de comicios. B08 Estas son obligaciones legales, no un invento de este libro. El capítulo II.10, corregido en la revisión de fuentes, propone vincular cada pieza pagada con contrato, pagador, período y criterios generales de audiencia para facilitar control dentro de ley o reforma.
La biblioteca pública de anuncios que aquí se propone debe permitir buscar por candidatura, pagador legal, período, gasto y versión creativa. Si una plataforma no ofrece datos de alcance confiables, se publica esa limitación. Registrar quién pagó un anuncio no demuestra automáticamente quién lo vio ni cómo votó. Los criterios de segmentación merecen un resumen suficientemente informativo para detectar mensajes contradictorios o discriminatorios, pero jamás una lista nominal de personas objetivo. La Ley 25.326 obliga a proteger datos personales; un Estado que crea una gran base de preferencias políticas para vigilar publicidad podría producir el mismo daño que pretende corregir. B06
Las campañas coordinadas por terceros presentan dificultad probatoria. El artículo 49 de la Ley 26.215 prohíbe gastos de publicidad de campaña por cuenta de terceros. Aplicarlo requiere distinguir pago, coordinación, finalidad y período de una expresión periodística, sátira o apoyo individual independiente. Una coincidencia de mensaje no prueba acuerdo económico. La autoridad electoral debe contar con documentación y procedimiento, y el afectado con defensa y apelación. El riesgo de subaplicación a operaciones encubiertas y el de sobreaplicación a prensa crítica deben ser evaluados juntos.
Plataformas, medios y rectificación
Una plataforma decide distribución mediante reglas y sistemas de recomendación que el usuario no observa por completo. El Estado puede exigir ciertas obligaciones de publicidad comercial y cooperación conforme a ley, pero una orden amplia de borrar «contenido engañoso» crearía incentivos a eliminar crítica lícita. La UNESCO publicó en 2023 guías de gobernanza de plataformas centradas en libertad de expresión, acceso a información y participación de múltiples actores. Son guías no vinculantes en Argentina y no prueban que una regla específica funcione. B100
El mecanismo preferido para afirmaciones discutibles es agregar contexto verificable y dar lugar a respuesta, sin que la etiqueta estatal sustituya el debate. Cuando hay suplantación de una fuente oficial, la autoridad debe emitir desmentida rápida en canales accesibles y conservar evidencia técnica para denunciar si procede. Si se solicita retirar contenido ilícito, el acto debe indicar norma, motivo, alcance temporal y vía de revisión; la medida debe ser proporcional y, cuando corresponde, judicial. La urgencia electoral no elimina garantías. La cooperación voluntaria con plataformas puede ayudar en suplantaciones claras, pero su opacidad también puede convertir a la empresa en censor sin recurso.
Los medios periodísticos necesitan independencia para investigar al oficialismo y a la oposición. La distribución de publicidad estatal debe tener criterios de servicio público, audiencia y transparencia, no premiar cobertura favorable. Un medio que recibe pauta sigue pudiendo criticar; una pauta no vuelve veraz su contenido. El financiamiento y la propiedad de medios pueden ser hechos relevantes para lectores, pero el Estado no debería exigir a periodistas una licencia de «objetividad» para publicar. Periodismo profesional, verificadores independientes y medios comunitarios pueden producir contexto; ninguna de esas voces merece monopolio legal de la verdad.
Educación y un protocolo de crisis
La educación cívica digital empieza antes de la campaña: cómo ubicar una fuente primaria, leer fecha y método de encuesta, reconocer una publicidad, verificar un enlace electoral y corregir una publicación propia. El contenido de la autoridad electoral debe ser apartidario, accesible, en lenguas y formatos adecuados y verificable en sitio oficial. No debe pedir a ciudadanos que deleguen sus opiniones en un «semáforo» gubernamental. Se puede enseñar a evaluar evidencia sin enseñar qué partido elegir.
Un protocolo ante una operación concreta tendría cinco fases. Recepción: conservar mensaje y origen sin amplificarlo innecesariamente. Clasificación: distinguir opinión, error, publicidad encubierta, suplantación, amenaza o dato privado. Verificación: comparar con documentos y consultar órgano competente. Respuesta: emitir información oficial, requerir transparencia, solicitar medida a plataforma o iniciar procedimiento legal según caso. Revisión: registrar tiempo de respuesta, alcance y correcciones, incluida la posibilidad de que la autoridad haya interpretado mal el mensaje. Debe existir un responsable identificable y un canal para apelación o rectificación.
El tablero público podría informar anuncios registrados, desmentidas sobre información electoral operativa, solicitudes de retiro y sus fundamentos, recursos y revocaciones, con datos agregados donde haya privacidad. Un número alto de contenidos retirados no es éxito por sí solo. También importan falsos positivos, confianza, diversidad de medios y capacidad de las personas para llegar a la fuente primaria.
Livia — contrapunto crítico. Una política llamada «integridad» puede hacerse popular precisamente porque permite a la autoridad definir quién miente. Pediría auditar la lista de intervenciones por partido y tipo de mensaje, publicar rectificaciones estatales, exigir apelación rápida y permitir observación independiente. También preguntaría por contenidos que una plataforma ocultó sin orden formal después de recibir una llamada del gobierno. La presión informal puede ser censura aunque no deje resolución escrita.
La integridad informativa se defiende con atribución de dinero, protección de datos, fuentes accesibles, periodismo libre y procedimientos controlables. No necesita que el Estado posea la verdad del debate político. Necesita que nadie pueda comprar invisiblemente la apariencia de una conversación espontánea ni falsear impunemente las instrucciones básicas para ejercer derechos.
Referencias específicas
- B03. Constitución nacional y garantías de expresión.
- B06. Ley 25.326, protección de datos personales.
- B08. Ley 26.215, arts. 43 decies–duodecies, 45 bis y 49.
- B49. CIDH, Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión.
- B99. CIDH/Relatoría Especial, guía sobre desinformación deliberada en contextos electorales, presentación institucional.
- B100. UNESCO, guías de gobernanza de plataformas digitales, 2023.