6. Escuela de formación y desarrollo de dirigentes

Una escuela para poder pensar y gobernar

El nombre «escuela de dirigentes» puede designar dos instituciones opuestas. Una entrega lenguaje de pertenencia, premia repetición y distribuye certificados entre quienes ya están cerca de la conducción. La otra enseña a leer una ley, un presupuesto y una objeción; obliga a distinguir evidencia de consigna y permite que personas de trayectorias diversas formulen proyectos discutibles. Solo la segunda aumenta la capacidad política de una comunidad. Su resultado no se mide por adhesiones declaradas, sino por decisiones mejor fundadas y por la posibilidad de corregirlas.

La formación partidaria tiene reconocimiento constitucional y legal. El artículo 38 de la Constitución prevé contribución estatal para capacitación de dirigentes. La Ley 26.215 exige a los partidos destinar al menos el 20 % del aporte anual para desenvolvimiento institucional a capacitación para la función pública, formación de dirigentes e investigación; fija destinos específicos dentro de ese monto para menores de treinta años y desarrollo del liderazgo político de mujeres. La base de cálculo es el aporte definido por ley. Una escuela puede recibir otros recursos legales, pero debe registrarlos y respetar las prohibiciones y reglas de cada fuente. B03 B08

La escuela propuesta pertenece al partido, bajo órganos estatutarios y rendición electoral, no a un ministerio. Docentes pueden provenir de universidades, sindicatos, empresas, administración pública, organizaciones sociales y corrientes internas, con conflicto de intereses declarado. La contratación debe permitir pluralidad y calidad; la pertenencia a una facción no puede ser requisito académico. La experiencia territorial también es conocimiento: una persona que gestionó una cooperativa o defendió un servicio de salud puede enseñar límites de una política mejor que alguien que domina solo modelos abstractos. El diseño busca el encuentro entre ambos saberes.

Diagnóstico, acceso y tres trayectorias

Antes de abrir cursos, hay que preguntar qué problemas de capacidad enfrenta la organización. ¿Sus representantes no pueden leer una ejecución presupuestaria? ¿Los candidatos prometen competencias que corresponden a otra jurisdicción? ¿Las mujeres participan de talleres pero no de decisiones? ¿Los cuadros territoriales carecen de tiempo para asistir a una sede central? La respuesta requiere entrevistas, revisión de programas anteriores, datos de participación y análisis de tareas reales. International IDEA identifica elaboración de políticas, agregación de demandas, selección y formación de personas y control del gobierno como funciones partidarias; también pide diagnóstico y evaluación de proyectos de fortalecimiento. Ese marco orienta la pregunta, no demuestra que una escuela concreta ya sea eficaz. B26

Se proponen tres trayectorias conectadas, todas abiertas a afiliados en condiciones publicadas. La inicial ofrece herramientas de ciudadanía, historia plural del justicialismo, Constitución, estructura federal, derechos, lectura crítica de datos y debate. La de proyecto enseña a definir un problema, mapear jurisdicciones, comparar opciones, estimar recursos, escuchar afectados y escribir una propuesta. La de responsabilidad se dirige a quienes quieren ejercer función pública o control partidario: presupuesto, compras, empleo público, ética, protección de datos, evaluación, conducción de equipos, trato ciudadano y revisión de decisiones. Ninguna trayectoria constituye título habilitante para ocupar un cargo ni condición general para votar en el partido. Cualquier requisito adicional para candidaturas o autoridades exige examen de carta orgánica, ley, igualdad y control judicial.

El acceso no se resuelve publicando un formulario. La escuela debe ofrecer horarios diversos, materiales descargables, encuentros presenciales, apoyo para conectividad, formatos accesibles y cuidado durante algunas actividades cuando sea viable y presupuestado. Reservar recursos para jóvenes y liderazgo de mujeres conforme al artículo 12 exige registrar gasto y actividad; la influencia real requiere mirar también quién coordina, expone, evalúa y accede a espacios de decisión. La guía PNUD/NDI sobre mujeres en partidos reúne experiencias de formación junto con cambios de reglas y acceso a posiciones de poder. De allí se infiere una advertencia para este diseño: un curso puede elevar habilidades sin remover barreras de nominación. La inferencia debe probarse en el partido concreto. B27

Contenidos que obliguen a enfrentar objeciones

El primer módulo común sería instituciones y competencias. Cada participante recibe un problema cercano —por ejemplo, falta de agua en una localidad— y debe distinguir responsabilidades municipales, provinciales, nacionales y del prestador. Debe localizar normas, describir una vía de reclamo y reconocer lo que ignora. Una respuesta que promete «resolver desde la Nación» sin competencia documentada no aprueba por elocuente que sea. El ejercicio enseña modestia institucional: saber actuar comienza por saber quién puede decidir.

El segundo módulo sería economía y presupuesto público. Se trabaja con un presupuesto publicado, distinguiendo crédito autorizado, compromiso, gasto devengado y pago; ingresos propios, transferencias y deuda; gasto único y obligación recurrente. La tarea no consiste en memorizar una cifra nacional que envejece, sino en mostrar el recorrido de un peso y formular preguntas sobre costos de ciclo de vida. Una propuesta social puede ser moralmente valiosa y financieramente incompleta. El curso debe enseñar a decir ambas cosas sin convertir la restricción fiscal en veto automático ni el fin justo en cheque en blanco.

El tercero sería historia, doctrina y discrepancia. Se leen textos primarios de épocas diferentes junto con críticas historiográficas. Se separa lo que Perón dijo, lo que leyes y gobiernos hicieron y lo que esta obra propone. Una tesis debe sobrevivir a la mejor objeción disponible: prensa y pluralismo, centralización y federalismo, derechos laborales y formas nuevas de empleo, soberanía productiva y costo al consumidor. El examen no pregunta si el alumno adopta la interpretación del docente; pregunta si expone fielmente posiciones contrarias y justifica la suya. La escuela pierde su función cuando confunde lealtad con incapacidad de criticar.

El cuarto módulo sería gestión y ética del poder. Casos simulados de nombramientos, compras, datos personales, conflicto de intereses y emergencia obligan a documentar decisiones. En uno de ellos, una autoridad local recibe una lista de familias con necesidades elaborada por un organismo público y la sede partidaria propone usarla para convocar a una actividad. La respuesta correcta exige reconocer la separación de finalidades y de recursos; el alumno debe diseñar una convocatoria pública que no use esos datos. El ejercicio conecta valores doctrinarios con límites verificables. B06

El quinto sería escucha, negociación y evaluación. Una comunidad ficticia plantea instalar una planta de tratamiento cerca de viviendas. Grupos rotativos representan vecinos, trabajadores, prestador, municipio y control ambiental. Cada uno debe presentar interés, derecho, información faltante y condición de acuerdo o rechazo. La evaluación valora la capacidad de identificar un daño no compensable, responder a objeciones y proponer indicadores posteriores. La práctica no supone que todo conflicto admita consenso.

Acreditación informativa y proyectos comunitarios

La escuela puede entregar constancias de participación y de trabajos aprobados, con criterios públicos y revisión. El certificado comunica qué se estudió y cómo se evaluó; no declara superioridad moral ni confiere derecho a ser candidato. Los órganos partidarios conservan sus competencias de selección. Para evitar una credencial hueca, el trabajo final debería ser una ficha de proyecto que otro grupo pueda auditar: problema, evidencia, competencia, alternativas, costos pendientes, impacto en derechos, propuesta y disenso. Se puede aprobar un trabajo que concluya que una idea propia debe descartarse por su riesgo o falta de base legal. Esa capacidad de renunciar a una mala propuesta es un resultado formativo.

Los proyectos comunitarios no deben disfrazar prestación pública ni pedir adhesión a cambio de ayuda. Un grupo puede mapear barreras de acceso a un servicio, organizar una lectura pública del presupuesto, elaborar un diagnóstico de transporte o acompañar a vecinos a conocer canales oficiales. Debe obtener consentimiento para entrevistas, no recopilar datos sensibles innecesarios y publicar hallazgos agregados. Si se realiza trabajo material, el presupuesto, seguros, permisos y responsables deben estar claros. No se reemplaza personal municipal ni se usa la vulnerabilidad de una familia como escenografía política.

La investigación podría integrarse mediante convenios transparentes con universidades u organizaciones, respetando independencia académica y reglas de financiamiento. El partido puede encargar estudios y publicar métodos y contratos; no debe comprar una conclusión predeterminada y presentarla como ciencia. Cuando un informe financiado por el partido afirma que una política funcionará, debe explicar supuestos y permitir contraste. La escuela formaría dirigentes capaces de leer esos límites, no solo de citar el titular favorable.

Gobierno de la escuela y controles

El consejo académico propuesto tendría mandato y composición establecidos por el órgano partidario competente, con representantes de distintas corrientes, distritos y trayectorias, y personas externas sin potestad de imponer doctrina. Su función sería aprobar objetivos, revisar materiales, controlar conflictos de intereses y recibir apelaciones académicas. Las decisiones sobre ideario político pertenecen a órganos del partido según su carta orgánica. La participación externa protege método y pluralismo; no convierte a expertos en una conducción paralela.

La tesorería registraría ingresos, docentes, materiales, viajes y becas por actividad y período. Debe poder demostrar no solo que hubo una factura, sino que el curso ocurrió, con contenido, modalidad y destinatarios apropiados sin publicar datos personales innecesarios. Un suplemento de la Cámara Nacional Electoral reúne criterios de control sobre capacitación y ejemplos de documentación inconsistente en expedientes concretos. Ese material incluye dictámenes y sentencias de distinta naturaleza; su enseñanza práctica es la necesidad de respaldo verificable, no una condena general de escuelas partidarias. B28

La evaluación tendría cuatro niveles. Acceso: quiénes pudieron participar, medido con datos agregados y protección de privacidad. Aprendizaje: comparación de tareas equivalentes antes y después, con corrección ciega cuando sea factible. Aplicación: calidad de proyectos, informes y decisiones posteriores, examinada por evaluadores que desconocen la facción del autor. Efectos políticos: si la formación amplió presencia de grupos excluidos y elevó la calidad de propuestas en órganos partidarios. El último nivel es difícil de atribuir causalmente: quienes se inscriben pueden ser ya más activos. Se requieren grupos comparables, seguimiento y cautela antes de anunciar «impacto».

El plan piloto empieza con oferta limitada en distritos de condiciones distintas, docentes y costos documentados, y una evaluación publicada antes de ampliar. Un curso con mucha demanda pero resultados pobres cambia su programa. Uno que mejora tareas pero excluye a quienes trabajan de noche cambia su horario. Uno que mejora habilidades de mujeres sin abrir acceso a posiciones de decisión exige revisar el mecanismo de selección interna, no repetir el mismo taller. Las decisiones de continuidad deben tomarse por órgano competente con evidencia y voto registrado.

La mirada de Livia: la escuela puede fabricar obediencia

El riesgo de una escuela partidaria no es marginal: un currículo diseñado por la conducción podría convertir la pregunta doctrinaria en examen de fidelidad. Las personas que necesitan ascender aprenderían a imitar las opiniones del evaluador; los docentes críticos serían reemplazados; los certificados se volverían una moneda de patronazgo. Es posible cumplir el porcentaje legal de gasto y fracasar por completo en formación democrática.

El vocabulario institucional obliga a abordar la dificultad sin rodeos. La carta nacional del PJ ordenada en 2019 llama a las unidades básicas centros de «adoctrinamiento» y exige disciplina partidaria a los afiliados. Este libro propone estudiar doctrina con textos, historia y objeciones, y reservar la disciplina para obligaciones legítimas bajo procedimientos y defensa, sin castigar discrepancia intelectual pacífica. Esa interpretación no aparece demostrada como práctica ni como regla vigente en todos los distritos; puede requerir decisión y reforma de órganos partidarios competentes. B31

El diseño propone defensas incompletas pero comprobables: lectura de fuentes en vez de catecismo, trabajos con objeciones, evaluación por criterios publicados, docentes de perspectivas diversas, apelación, publicación de programa y gastos, prohibición de usar la nota como filtro automático de derechos partidarios. La prueba principal, sin embargo, es política: ¿puede una egresada formular una crítica fundada a una propuesta de su propia conducción y seguir participando? Si no puede, la escuela no está formando dirigentes; está entrenando subordinados.

La objeción inversa también importa. Si la escuela evita toda postura para parecer plural, puede volverse un curso genérico de administración sin relación con el proyecto justicialista. El ideario debe estar presente, pero como tesis argumentable y revisable. Se pueden enseñar justicia social, soberanía y comunidad organizada junto con sus conflictos, historia y alternativas. La identidad intelectual crece cuando se somete a prueba. Una organización que prepara personas para gobernar debe querer que comprendan por qué un principio vale y cuándo una aplicación concreta lo traiciona.