30. Sistema previsional por pilares

Una reforma no empieza negando el sistema vigente

La Ley 26.425 unificó en 2008 el régimen previsional general nacional en el SIPA público de reparto y eliminó la capitalización obligatoria anterior. La Ley 24.241, con modificaciones, conserva reglas de prestaciones y coexistencia con regímenes especiales que requieren examen propio. B90 B91 Proponer pilares no equivale a describir una ley ya sancionada ni a restaurar sin discusión un régimen anterior. Exige explicar qué derechos y obligaciones cambiarían, quién paga la transición y cómo se protegerá a jubilados y trabajadores actuales.

El objetivo es combinar suficiencia, cobertura, relación comprensible con aportes, reconocimiento de cuidados y sostenibilidad. Ninguna fórmula alcanza los cinco de modo perfecto. Un beneficio igual para todos reduce pobreza si está bien financiado, pero puede ser insuficiente y desvincular parte de la contribución. Una prestación puramente proporcional a aportes reconoce carrera formal y reproduce exclusión de quienes cuidaron o trabajaron informalmente. El capítulo I.20 desarrolló esa tensión; aquí se construye un esquema institucional para someterla a cuentas y derechos.

Cuatro componentes propuestos

Piso básico de vejez. Una prestación pública definida por ley para asegurar un mínimo material según edad, residencia y otros requisitos constitucionalmente defendibles, con revisión y financiación explícita. La universalidad significa ausencia de lagunas injustas, pero la interacción con otros ingresos debe diseñarse sin castigar abruptamente trabajo o ahorro. El importe no se fija aquí sin costo de canasta, cobertura y presupuesto.

Componente contributivo. Una prestación adicional asociada a años e ingresos aportados conforme a fórmula legal comprensible, con registros portables y mecanismos de corrección de historia laboral. Debe definirse qué sucede con períodos de desempleo, cuidado, enfermedad o trabajo en distintos regímenes. Reconocer aportes no significa prometer una equivalencia actuarial individual en un sistema solidario: las contribuciones también financian protección colectiva.

Créditos de cuidado y trayectorias discontinuas. Períodos acreditables por cuidado u otras situaciones definidos en ley, con límite, evidencia proporcional, no discriminación y fuente fiscal. La cuenta satélite de INDEC muestra valor económico del trabajo no remunerado, no determina automáticamente años de aporte por persona. B19 El diseño debe evitar obligar a una mujer a probar maternidad para acceder a una protección que un varón con otra laguna laboral recibe por vía distinta. También debe reconocer cuidados realizados por hombres y otras personas.

Ahorro complementario voluntario. Puede permitir diversificar ingreso futuro a quien tiene capacidad de ahorrar, con custodia, costos bajos, información de riesgo y portabilidad. No es condición para recibir piso ni sustituto secreto de contribuciones. Una rentabilidad financiera esperada no es haber garantizado: hay inflación, volatilidad, comisiones y riesgo de longevidad. Su regulación tendría que proteger de venta engañosa, conflictos de gestores y uso fiscal de ahorros privados sin consentimiento legal.

Los servicios de salud y cuidado de larga duración forman un quinto plano transversal, no un «pilar monetario» intercambiable. Una persona puede tener haber adecuado y necesitar apoyo domiciliario; otra, bajo haber y buena salud. La reforma previsional debe coordinar servicios sin fusionar presupuestos opacamente. La Convención sobre discapacidad exige respeto de capacidad y apoyos en sus casos; dependencia no es incapacidad automática. B21

Gobernanza y transición

El Congreso debería decidir elegibilidad, fórmula, movilidad, financiación y garantías. ANSES y organismos competentes mantienen registros y ejecución según ley; órganos de control revisan cuentas; una unidad técnica independiente publica proyecciones con códigos, definiciones y sensibilidad. La existencia de una proyección no transforma su supuesto demográfico en destino. El Boletín Estadístico de la Seguridad Social publica series contributivas y no contributivas, pasivos, activos y coberturas por jurisdicción que pueden alimentar un modelo, pero aún no fueron descargadas y validadas para esta obra. B121

La transición debe identificar cohortes: personas ya jubiladas, cercanas a retiro, mitad de carrera y nuevas entrantes. Cambiar reglas de una persona a meses de jubilarse puede producir daño y litigio distintos de introducir gradualmente una condición para quien recién comienza. Se publica una tabla de beneficios esperados por cohorte con escenarios de salario, inflación, empleo y longevidad, y una garantía transitoria financiada para pérdidas que se decida proteger. El costo de esa garantía se suma al nuevo sistema; no se lo borra diciendo que el sistema futuro será más barato.

Los regímenes provinciales y especiales no se incorporan por decreto a una caja nacional única. La comparación requiere norma, activos, pasivos, aportes, edad, movilidad y convenios de transferencia. Una negociación federal puede coordinar información y portabilidad respetando competencias, mientras publica quién asume obligaciones pasadas. Un balance consolidado sin acuerdo jurídico puede ocultar deuda de una jurisdicción bajo el superávit de otra.

Microsimulación pedagógica reproducible

Los archivos INVESTIGACION/MICROSIMULACION_PREVISIONAL_HIPOTETICA.csv y INVESTIGACION/ESCENARIOS_PREVISIONALES_HIPOTETICOS.csv contienen una población inventada de cien personas mayores, tres trayectorias y dos escenarios de aportantes, separados para evitar sumar dos veces gastos de grupo. No representan distribución argentina, haberes actuales ni costo fiscal real. Sirven para comprobar que cada promesa tiene una suma y que una base universal no se autofinancia por nombrarla. Se supone un piso de 4 unidades de cuenta hipotéticas (UCH) por persona y período, más 2 UCH a cuarenta personas con trayectoria contributiva completa, 1 UCH a treinta con trayectoria parcial y 0 adicional a treinta sin contribución registrada. El gasto total es 40 × 6 + 30 × 5 + 30 × 4 = 510 UCH por período. No se incluye costo administrativo ni de cuidados.

Si cien aportantes ficticios ingresan 3 UCH cada uno por período, entran 300 y la brecha contable es 210. Si son ciento cincuenta en idénticas condiciones, entran 450 y la brecha es 60. Una transferencia tributaria podría cubrirla, pero debe identificarse; un cambio de beneficio o de contribución también cambia derechos y empleo posible. El modelo no permite calcular tasa de reemplazo, pobreza, distribución por género ni esperanza de vida, porque no contiene salarios, edades, mortalidad ni inflación. Por eso se lo etiqueta ejercicio de identidad, no evaluación actuarial argentina.

La microsimulación real requerirá microdatos de historias laborales anonimizadas bajo permisos, distribución de haberes y aportes, trabajo informal y cuidados, ingresos de hogares, proyecciones demográficas, movilidad, inflación, recaudación general y elasticidades de conducta con incertidumbre. Debe comparar sistema vigente y al menos dos reformas por cohorte y decil, con transiciones y costos de administración. Si los datos protegidos no pueden abrirse, se publica código, tablas agregadas y auditoría externa que pueda replicar resultados bajo acceso seguro. No se inventará una tasa de retorno ni una fecha de «quiebra» con la muestra hipotética.

Trabajo adulto, natalidad y presupuesto

Permitir empleo remunerado a adultos mayores que lo desean puede aumentar ingresos y aportes; obligar a todos a trabajar más años trasladaría costo a quienes tuvieron tareas duras o salud frágil. Las reglas de compatibilidad entre actividad y prestación deben examinar ley vigente, incentivos, empleo juvenil y protección contra discriminación. La formación continua tiene costo y efecto incierto, no un ahorro automático de pensiones. Una edad uniforme puede ser simple de administrar y desigual en años saludables; una excepción individual puede ser justa y propensa a arbitrariedad. Cualquier propuesta precisa de edad requiere evidencia local y debate legal.

Una política de natalidad voluntaria puede mejorar capacidad de formar familias, pero niños no son futuros aportantes garantizados. La serie de nacidos vivos de DEIS no reemplaza proyección de fecundidad, empleo y migración. B93 La sostenibilidad previsional depende también de productividad, salarios registrados, tributación y salud. El capítulo II.25 exige una restricción fiscal clara: si el piso se financia con impuestos generales, la partida aparece en el presupuesto y compite con otros compromisos.

Livia — contrapunto crítico. La palabra «pilares» puede hacer parecer equilibrado un edificio sin cálculo actuarial. Pediría modelar quintiles de ingreso y trayectorias, no solo promedio de haberes; publicar quién financia créditos de cuidado y quién queda fuera; y vigilar comisiones de ahorro voluntario. El ejemplo de cien personas prueba una suma, nada más. Hasta que exista una simulación con datos argentinos y revisión independiente, ninguna propuesta de cuantía, edad o transición puede llamarse financiada.

Un régimen previsional digno debe poder explicar a cada cohorte qué promete y con qué respaldo. La solidaridad no consiste en ocultar cuentas; consiste en asumir juntos riesgos que una persona no puede controlar y discutir abiertamente cómo se distribuye su costo.

Referencias específicas

• B03. Constitución nacional, art. 14 bis.
• B19. INDEC, cuenta satélite de trabajo no remunerado.
• B21. Convención sobre derechos de personas con discapacidad.
• B90–B91. SIPA y Ley 24.241 actualizadas.
• B93. DEIS, nacidos vivos registrados, sin proyección propia.
• B121. Boletín Estadístico de la Seguridad Social, series institucionales.