12. El trabajo después de la inteligencia artificial
Una pregunta anterior al pronóstico
Las sociedades cambian sus oficios desde mucho antes de la inteligencia artificial. La novedad de los sistemas actuales es su capacidad de producir texto, código, imágenes, recomendaciones y clasificaciones sobre tareas que parecían reservadas a empleos calificados. Preguntar «cuántos puestos desaparecerán» parece urgente, pero puede inducir una certeza falsa. Una ocupación reúne tareas, responsabilidades, relaciones y criterios de calidad distintos. Que una herramienta ejecute una tarea no implica que una empresa la adopte, que alcance igual fiabilidad, que sustituya todas las funciones de una persona ni que el ahorro se transforme en despidos. Tampoco garantiza que los empleos continúen intactos.
La OIT y NASK publicaron en 2025 un índice mundial refinado de exposición ocupacional a inteligencia artificial generativa. Estimaron que alrededor de una cuarta parte del empleo mundial se ubica en ocupaciones potencialmente expuestas y consideraron más probable la transformación de tareas que la sustitución completa de puestos. El índice combina tareas, juicio experto y datos ocupacionales; mide exposición potencial, no pérdidas efectivas ni una tasa argentina futura. Su utilidad para este libro está en obligar a pensar en tareas y condiciones de adopción, y en mostrar diferencias por ocupación y sexo, no en ofrecer un número de despidos. B53 La OCDE distingue efectos de desplazamiento, aumento de productividad y creación de nuevas tareas; el saldo sobre demanda de trabajo no se conoce de antemano. B54
La tesis doctrinaria es que la dignidad de quien trabaja no depende de que su tarea actual sea irreemplazable, y que la productividad tecnológica solo mejora la vida común si se discute quién controla el cambio, quién soporta la transición y quién recibe sus frutos. Reducir una persona a su empleabilidad inmediata sería incompatible con justicia social. Congelar tareas para preservar cada puesto también puede negar mejores servicios, seguridad y tiempo disponible. La respuesta debe reconocer un derecho a no ser abandonado durante transformaciones previsibles, sin prometer la supervivencia de cada oficio.
Tres trayectorias posibles
En un escenario de complementación, la herramienta acelera búsqueda, borradores o detección de errores y el trabajador conserva responsabilidad, trato con otras personas y juicio final. Una enfermera puede recibir una alerta administrativa y dedicar más tiempo a cuidados, si el sistema funciona y la dotación no se reduce de modo que aumente carga total. Un pequeño productor puede usar asistencia para registros y acceso a mercados. La hipótesis de bienestar exige medir horas reales, calidad del servicio y autonomía; comprar software y contar licencias no prueba que haya complementación.
En un escenario de desplazamiento parcial, varias tareas rutinarias se automatizan y quedan menos puestos o cambian requisitos. Los mayores beneficios pueden concentrarse en empresas capaces de financiar datos y equipos, mientras trabajadores de entrada pierden una vía para aprender el oficio. Un estudio jurídico que automatiza borradores puede requerir menos tareas iniciales pero aún necesitar profesionales que verifiquen hechos, atiendan clientes y asuman responsabilidad. Si deja de formar jóvenes, puede ahorrar hoy y erosionar capacidades mañana. La transición requiere acceso a aprendizaje y movilidad, no solo prometer «reentrenamiento» como palabra vacía.
En un escenario de cambio profundo, capacidades técnicas, modelos de negocio y regulación se modifican a la vez. Puede aparecer una estructura laboral distinta, con funciones nuevas y otras muy reducidas; no es posible asignarle una fecha ni un saldo neto con la evidencia disponible. La política debe ser robusta a varios resultados: sostener ingreso en desempleo conforme a reglas verificables, invertir en competencias transferibles y medir desplazamientos por territorio y sector. El capítulo II.25 incorporará escenarios macroeconómicos, y II.32 deberá traducir los riesgos laborales en protección social con financiación identificada.
Estas trayectorias pueden coexistir en una provincia: automatización de trámites en un municipio, escasa adopción en un taller sin conectividad y reorganización acelerada en un centro de servicios digitales. Una política nacional uniforme que presupone el mismo cambio en todos los lugares desperdiciaría recursos. La brecha de electricidad, conectividad, datos y capacidad de gestión modifica tanto el riesgo de desplazamiento como la oportunidad de mejorar servicios. La OIT advierte expresamente que exposición potencial no equivale a impacto realizado, y que barreras de adopción importan. B55
¿Qué merece llamarse aporte humano?
El trabajo humano no es valioso solo por las tareas en que una máquina fracasa. Cuidar, enseñar, construir, reparar y coordinar implican relaciones y deberes que una sociedad puede decidir conservar bajo responsabilidad humana aunque una herramienta produzca una respuesta plausible. Pero afirmar que siempre se necesitará «el toque humano» puede ser una forma de evadir pérdidas concretas. La cuestión debe formularse por función: qué calidad importa, quién responde ante un daño, qué error es aceptable, qué habilidades se desarrollan y qué persona afectada puede objetar una decisión.
En empleo público, una clasificación automática puede reducir demoras, pero no puede convertirse en un oráculo que niegue un derecho sin explicación ni revisión. La Ley 25.326 contiene una garantía específica frente a ciertos actos judiciales o administrativos que valoran conductas humanas con fundamento único en tratamiento informatizado de perfiles. No prohíbe toda asistencia informática, pero obliga a diseñar un papel humano real y razones accesibles. B06 En empleo privado, la evaluación algorítmica plantea problemas diferentes: opacidad de metas, vigilancia, sesgos, intensidad laboral y dificultad de disputar una sanción. El capítulo II.18 tratará arquitectura técnica y permisos; aquí se afirma el principio de que una persona afectada debe conocer criterios pertinentes y tener vía de corrección, dentro del derecho aplicable.
La formación no puede cargar todo el costo sobre el individuo. Si una empresa captura la mayor parte del beneficio y exige aprender fuera de horario sin compensación, distribuye asimétricamente la transición. Si el Estado financia cursos que no conectan con empleadores ni certificaciones reconocidas, puede gastar sin mejorar oportunidades. Una alianza seria define capacidades requeridas, horas financiadas, responsables de enseñanza, evaluación y movilidad posible. Debe reservar entrada a jóvenes y personas con poca calificación formal, precisamente quienes suelen quedar fuera cuando los programas exigen experiencia previa.
Repartir productividad sin inventar una ganancia
La palabra «productividad» puede ocultar que una empresa produce más por hora y, al mismo tiempo, deteriora calidad, intensifica trabajo o traslada costos a contratistas. Antes de repartir un supuesto excedente se necesita medir valor agregado, costos completos, horas remuneradas y no remuneradas, accidentes y calidad. El capítulo I.11 propuso una negociación de información compartida. Aquí se añade la pregunta temporal: la empresa puede ganar hoy y eliminar el escalón de aprendizaje de mañana. Un pacto de transición debería prever formación, información anticipada y apoyo de búsqueda de empleo cuando haya desplazamiento, con obligaciones proporcionadas al sector y a la empresa.
Los instrumentos posibles tienen distributivos distintos. Un bono por productividad beneficia a quienes conservan el puesto; una reducción pactada de horas con ingreso protegido reparte tiempo entre empleados, pero su financiación puede ser inviable en empresas de margen estrecho; un seguro de desempleo y servicios de colocación cubren al desplazado, pero cuestan recursos públicos o contribuciones; una carga tributaria sobre ganancias extraordinarias puede financiar transición, pero exige definir base y evitar desalentar inversión útil. Ninguno funciona por simple apelación a «los frutos de la tecnología». Cada uno requiere marco legal, incidencia estimada y reglas que no premien despidos para cobrar una ayuda.
El debate sobre ingreso básico universal suele aparecer aquí. Tiene la virtud de no hacer depender toda seguridad material de un empleo estable, pero su costo fiscal y la relación con servicios existentes deben calcularse antes de prometerlo. Una alternativa es fortalecer un piso de servicios y protección de ingresos ante contingencias, con transferencias focalizadas o universales según objetivo y presupuesto. No se escoge en abstracto: los capítulos II.30–32 deberán comparar coberturas, financiamiento y riesgos de exclusión. Esta cautela evita usar una predicción tecnológica incierta como excusa para aprobar un programa económico sin cuentas.
Paternalismo tecnológico y dependencia externa
Una respuesta puede volverse paternalista si dirigentes o especialistas deciden qué oficios «merecen» existir sin consultar a quienes los ejercen. También si obligan a usar una herramienta que degrada el trabajo con el argumento de que «el futuro» lo exige. Los trabajadores deben poder describir fallas, resistir vigilancia desproporcionada y participar en evaluación de sistemas que reordenan sus tareas. Eso no equivale a otorgar veto indefinido a cualquier tecnología. Significa reconocer que la información sobre lo que realmente sucede en un lugar de trabajo está distribuida y que ignorarla aumenta errores.
Soberanía tecnológica tampoco significa fabricar cada modelo en territorio nacional. Significa conservar capacidad de elegir proveedores, auditar riesgos, proteger datos, negociar contratos y mantener servicios esenciales ante fallas o cambios de precio. Un país dependiente de sistemas cerrados que no puede evaluar puede perder control de su administración y de sus mercados. Un país que prohíbe herramientas útiles para defender una industria local inexistente puede privar a pequeñas empresas y ciudadanos de mejoras. Las decisiones de compra o desarrollo deben comparar costo total, seguridad, reversibilidad y capacidad local de mantenimiento, como se detalla en el volumen II.
Livia — contrapunto crítico. El lenguaje de «acompañar la transición» puede tranquilizar sin obligar a nadie. Para que tenga contenido, cada política tecnológica que afecte empleo debería identificar población expuesta, alternativa menos lesiva, financiación de formación o ingreso, autoridad responsable, plazo y modo de corregir el programa si la promesa de nuevos puestos no se cumple. También hay que mirar a quienes hacen trabajo de datos y moderación para sostener sistemas de IA: una interfaz elegante puede descansar en tareas humanas mal pagadas y poco visibles. La OIT ha señalado ese riesgo de calidad del empleo. B56
La justicia social ante la inteligencia artificial no consiste en apostar a un pronóstico único. Consiste en hacer explícito el reparto de decisiones, riesgos y beneficios, y en defender la capacidad de cada persona de aprender, impugnar y reorganizar su vida cuando cambia el trabajo. Si la tecnología ahorra tiempo, la pregunta política legítima es para quién queda disponible ese tiempo y bajo qué derechos.
Referencias específicas
- B03. Constitución argentina, arts. 14 bis y 42.
- B06. Ley 25.326, art. 20.
- B53. Gmyrek y otros, OIT/NASK, Generative AI and jobs: a refined global index of occupational exposure, 2025, resumen y método.
- B54. OCDE, Employment Outlook 2023, capítulo 3, mecanismos de desplazamiento, productividad y nuevas tareas.
- B55. OIT, explicación metodológica de exposición por ocupación, 2025.
- B56. OIT, Artificial intelligence adoption and its impact on jobs, 2025, adopción, gestión algorítmica y trabajo de datos.