8. Patriotismo cívico y pertenencia territorial

Amar un país sin poseer a sus habitantes

El patriotismo puede ser una forma de responsabilidad: cuidar instituciones que no construimos solos, conocer los lugares de los que dependemos y asumir costos por personas que quizá nunca conoceremos. También puede convertirse en una prueba de obediencia administrada por quien gobierna. En el primer caso, el país es una comunidad política que merece trabajo, memoria y crítica. En el segundo, «la patria» se usa para separar a los buenos de los sospechosos, como si una autoridad poseyera el significado de todos sus símbolos. La doctrina que este libro propone necesita la primera relación y debe limitar explícitamente la segunda.

La pertenencia cívica no se funda en una genealogía única. La Constitución organiza una república representativa y federal, reconoce derechos de los habitantes y de los extranjeros bajo reglas propias, protege diversidad de cultos y reserva una esfera de acciones privadas. También reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y competencias de las provincias. La Nación que se desprende de ese orden no es un bloque cultural uniforme. Es un pacto político en un territorio habitado por historias, lenguas, memorias e intereses distintos. Esa lectura es una interpretación normativa de disposiciones constitucionales, no la afirmación de que la historia argentina haya realizado siempre esa igualdad. B03

El «nosotros» democrático tiene espesor. Hay escuelas, rutas, cuencas, archivos, canciones, monumentos, empresas, clubes y cementerios que hacen tangible la continuidad entre generaciones. La obligación de cuidarlos puede justificar impuestos, protección patrimonial, cooperación federal y una defensa territorial bajo control civil. Pero ninguno de esos bienes autoriza a exigir una emoción determinada. Un ciudadano puede sentirse profundamente argentino y discrepar de una política energética; un habitante extranjero puede cuidar un barrio mejor que un funcionario nacido allí. La pertenencia política se fortalece al admitir contribuciones y críticas, no al certificar sentimientos.

Federalismo como experiencia de pertenencia

Una idea abstracta de patria suele hablar desde la capital y tratar al resto del país como paisaje o reserva de recursos. El federalismo corrige esa mirada al reconocer provincias con poderes no delegados, autonomía municipal según cada orden constitucional y capacidad provincial de crear regiones para desarrollo económico y social. Una obra vial, un sistema sanitario o una política de agua puede requerir coordinación nacional; su eficacia depende de conocimiento local, presupuesto y responsabilidad de cada nivel. «Unidad nacional» no significa que todas las decisiones deban salir del mismo centro. B03

La pertenencia territorial tiene varias escalas compatibles. Una persona puede querer su pueblo, sentirse parte del NOA, defender una provincia, ser argentina y participar de proyectos sudamericanos. El problema aparece cuando una escala niega a otra: una Nación que absorbe identidades locales, una provincia que impide cooperación útil o una localidad que convierte en extraños a quienes llegaron después. El criterio cívico pregunta qué responsabilidades compartimos en cada escala y quién tiene competencia para cumplirlas. La cultura regional no necesita una autorización de uniformidad nacional; la solidaridad entre regiones tampoco se sostiene si cada una solo acepta transferencias y rechaza obligaciones comunes.

Imaginemos un corredor productivo que conecta provincias y atraviesa comunidades con distintas lenguas y usos del territorio. Un plan de infraestructura puede prometer empleo y exportación. La decisión legítima requerirá información sobre beneficios y daños por localidad, participación de autoridades competentes, alternativas de trazado, derechos de propiedad y protección ambiental. Si una comunidad indígena está afectada, la Constitución y el Convenio 169 de la OIT exigen considerar sus derechos, instituciones y procedimientos de consulta en los términos aplicables. No basta sumar su nombre a una lista de asistentes. Tampoco se puede afirmar desde este ejemplo hipotético que toda comunidad tendrá idéntica pretensión territorial o que un mismo procedimiento resuelve cualquier conflicto. B03 B35

Culturas que no necesitan volverse folclore estatal

Una política cultural puede ampliar acceso a archivos, lenguas, producción artística y espacios de encuentro. Puede igualmente reducir a una comunidad a objeto decorativo de una campaña. La Convención de la UNESCO aprobada por Argentina vincula protección de la diversidad de expresiones culturales con derechos humanos, libertad de expresión y capacidad de elegir. Ese nexo es decisivo: preservar una práctica no significa congelarla ni imponerla a quienes pertenecen a un grupo. Las culturas cambian por creación, migración, comercio, conflicto y aprendizaje. Su vitalidad exige condiciones para que personas y comunidades produzcan y discutan, no un catálogo oficial de autenticidad. B36

El patrimonio justicialista forma parte de esa discusión. Sus símbolos, canciones y celebraciones pueden reunir memorias de justicia y organización; otros argentinos recuerdan el mismo período con objeciones fundadas sobre poder y libertad. Un Estado puede enseñar historia con fuentes y preservar documentos; no debe obligar a aceptar una memoria partidaria como única interpretación nacional. Un partido tiene derecho a su identidad y a defender su legado. La escuela pública y las instituciones comunes deben permitir que el legado sea estudiado, criticado y comparado. La diferencia entre proyecto político y Estado vuelve a ser una garantía de convivencia.

Lo mismo vale para expresiones religiosas y seculares. Muchas concepciones de justicia social nacieron de lenguajes cristianos y de otras tradiciones morales. Pueden enriquecer el debate público si ofrecen razones discutibles por ciudadanos de convicciones diferentes. No pueden convertirse en condición de nacionalidad moral. La libertad de conciencia protege tanto a quien invoca su fe como a quien no comparte ninguna religión. El capítulo siguiente examinará con mayor detalle esas raíces y sus límites.

Migración, obligaciones y límites de pertenencia

Una comunidad política regula ingreso, residencia y ciudadanía. Reconocer esa potestad no exige hablar de los migrantes como amenaza por definición. La Constitución reconoce derechos civiles a extranjeros; la Ley 25.871, en su texto actualizado, diferencia categorías y condiciones de acceso, incluidas modificaciones de 2025. Hay distinciones jurídicas reales entre ciudadano, residente y visitante. El patriotismo cívico pide que esas diferencias se argumenten por competencia, recursos, reciprocidad y derechos, y que no se confundan con una diferencia de valor humano. B03 B22

Una norma de 2026 muestra por qué la precisión importa. El DNU 681 incorporó a la ley migratoria causales ligadas a mensajes de odio contra argentinos y a actos de «ultraje» de símbolos patrios, y excluyó expresamente de esas causales la crítica política, académica o ciudadana legítima. La motivación del decreto invoca dos intereses diferentes, protección de personas frente al odio y protección del honor de los símbolos. El primero puede involucrar incitación a violencia; el segundo no exige necesariamente que haya una persona amenazada. Tratar ambas conductas como si fueran la misma haría más difícil preguntar qué constituye ultraje, quién lo prueba, cómo se separa de sátira o protesta y qué proporcionalidad tiene una expulsión. El propio texto exige atender circunstancias personales en la consecuencia migratoria. Este libro no afirma que el decreto sea inválido ni que haya pasado todos los controles; registra una tensión abierta entre protección de personas y símbolos, libertad de expresión, debido proceso y potestad migratoria. B37

El patriotismo que aquí se defiende no necesita prohibir una crítica para sobrevivirla. La violencia contra una persona por su nacionalidad merece protección jurídica; una expresión dura contra un gobierno o una tradición no equivale automáticamente a violencia. La norma puede intentar preservar esa diferencia, pero debe aplicarse con criterios previsibles y controlables. Una política que trata cada irreverencia como amenaza enseña a obedecer símbolos en lugar de comprender la comunidad que representan.

Bienes comunes y deberes compartidos

El cuidado de la patria tiene dimensión material. Un río contaminado, una ruta intransitable o un archivo perdido afectan vidas y memorias más que un discurso solemne. La responsabilidad se distribuye: autoridades deben administrar, presupuestar y rendir cuentas; empresas deben prevenir y reparar daños; ciudadanos y residentes deben cumplir normas razonables y pueden participar en control. El artículo 41 constitucional atribuye a todos los habitantes derecho a un ambiente sano y deber de preservarlo. Esa fórmula muestra una pertenencia ligada a uso y cuidado, no a linaje. B03

La defensa de recursos estratégicos requiere la misma disciplina. Llamar «nacional» a un recurso no determina si conviene empresa estatal, concesión, regulación de precios o tratado de cooperación. La Nación y las provincias tienen competencias distintas; hay usuarios, trabajadores, comunidades y generaciones futuras afectadas. El patriotismo no elige por sí solo un instrumento económico. Exige que la elección pueda justificarse por resultados, derechos, control y sostenibilidad, y que no entregue poder público a una renta privada bajo un nombre emotivo. Esos modelos se examinarán en los capítulos de energía y desarrollo.

La mirada de Livia: ¿un patriotismo tan abierto moviliza algo?

La objeción afirma que una comunidad necesita lealtades fuertes, rituales y límites claros. Si todo símbolo puede cuestionarse y toda identidad regional conserva diferencia, quizá nadie acepte pagar por desconocidos o defender bienes comunes. El patriotismo cívico podría quedar como lenguaje académico sin fuerza afectiva. La objeción no debe descartarse: personas reales se comprometen por historias y afectos, no solo por principios jurídicos.

La respuesta es distinguir intensidad de exclusión. Se puede celebrar una bandera, honrar a quienes lucharon por derechos y enseñar episodios compartidos sin pedir unanimidad sobre su significado. El afecto se vuelve más robusto cuando conoce lo que ama, incluidas injusticias y errores, porque entonces puede cuidar sin necesitar mito. Una provincia coopera mejor si su voz cuenta; una persona recién llegada contribuye más libremente si no se le exige borrar su biografía; un joven puede heredar una tradición y revisarla. Ninguna de esas condiciones garantiza sacrificio cívico, pero la obediencia forzada tampoco lo garantiza: produce miedo o simulación.

La objeción opuesta sostiene que cualquier patriotismo termina excluyendo. La respuesta es que una comunidad democrática debe trazar decisiones colectivas y sostener bienes situados. Pretender que esas decisiones no existen puede dejarlas en manos de poderes sin control. El límite moral es no convertir frontera jurídica en desprecio, ni identidad cultural en permiso para vulnerar derechos. El patriotismo justicialista del siglo XXI, si quiere ser fiel a la dignidad y a la justicia, tendrá que aceptar una patria plural que pueda ser corregida por quienes la habitan.