3. La tercera posición ante el mundo de 1945 y el de 2026
El peligro de un mapa que ya no describe el terreno
Una «tercera posición» parece ofrecer orientación cuando dos polos dominan la discusión. En la posguerra esa expresión adquirió fuerza frente a la rivalidad entre el capitalismo liberal de las potencias occidentales y el comunismo soviético. El interés de la fórmula no estaba en ocupar aritméticamente un punto medio. Consistía en afirmar que una comunidad política podía buscar justicia social y autonomía sin adoptar íntegramente el programa económico, geopolítico y antropológico de ninguno de los bloques. La historia de esa aspiración exige matices que no caben en una equivalencia simple entre doctrinas y gobiernos.
El problema presente es otro. La desaparición del bloque soviético como polo del orden mundial no eliminó desigualdad, concentración de poder ni conflictos sobre propiedad. Al mismo tiempo, las economías de mercado tienen regímenes sociales diversos, y las críticas al capitalismo provienen de tradiciones muy diferentes. En 2026 no existe un único liberalismo, socialismo, progresismo, conservadurismo o nacionalismo al que oponer un «tercero» uniforme. Si la doctrina conserva el esquema binario como diagnóstico universal, discute con un mapa desactualizado. Si lo abandona sin reemplazo, corre el riesgo de convertirse en una colección de intuiciones sin criterio.
La posición propia consiste en autonomía de juicio sometida a tres pruebas: dignidad y libertades de las personas; capacidad productiva con sostenibilidad material; control democrático del poder. No es un punto medio entre etiquetas ni un algoritmo que produce una política única. Es la decisión de rechazar incluso una medida atractiva para la identidad justicialista cuando lesiona uno de esos fines. La prueba no dispensa de elegir ante conflictos; exige que la autoridad diga qué bien protege, qué daño acepta y por qué considera proporcionado ese costo. El volumen II convierte esa exigencia en procedimientos de comparación.
Lo que sí dice la fuente histórica
La edición de la Biblioteca del Congreso de La comunidad organizada conserva un pasaje que rechaza tanto la libertad vaciada por el poder de unas minorías como la despersonalización de un colectivismo llevado al extremo. El mismo desarrollo afirma que la comunidad saludable se construye desde las individualidades y no mediante la abdicación personal ante un aparato. Es una preocupación filosófica relevante: no basta con pedir al individuo que elija si carece de medios, y no basta con prometerle protección si pierde la posibilidad de decidir. B01
El Modelo argentino para el proyecto nacional, en su edición crítica de la misma biblioteca, distingue explícitamente «tercer mundo» de «tercera posición». La primera expresión refiere a una posible articulación internacional de países con experiencias e intereses distintos; la segunda se presenta como una concepción filosófica y política. El texto admite pluralidad ideológica entre países que buscan mayor independencia de decisión. Es una distinción útil contra el uso automático de geografía como identidad doctrinaria: vivir fuera de un centro de poder no hace que todos los países compartan valores, instituciones o intereses. B02
La lectura de estas fuentes no autoriza tres saltos frecuentes. Primero, una crítica filosófica de dos extremos no prueba que cualquier política argentina concreta haya escapado de ambos. Segundo, un proyecto de autonomía no demuestra que sea posible producir localmente todo bien o tecnología sin costo prohibitivo. Tercero, una aspiración de unidad regional no convierte a los socios en agentes sin conflictos comerciales o estratégicos. La pregunta doctrinaria es qué decisiones aumentan la capacidad de elegir en el tiempo y cuáles la reducen bajo una retórica soberana.
Una conversación con rivales reales, no caricaturas
El liberalismo cívico recuerda que la persona necesita una esfera de libertad protegida incluso cuando una mayoría cree perseguir el bienestar común. La crítica justicialista puede señalar que el derecho formal a elegir tiene poco contenido para quien carece de salud, ingreso o educación. Ambas proposiciones pueden ser verdaderas a la vez; el desacuerdo aparece al definir qué intervención pública mejora capacidades sin sustituir decisiones personales. Una tradición que proclama justicia social y acepta límites constitucionales debe explicar esa frontera, no darla por resuelta.
La socialdemocracia ofrece experiencias de redistribución, seguros sociales y negociación entre capital y trabajo. Una actualización justicialista no gana originalidad fingiendo que esos problemas son ajenos a otras corrientes. Puede aprender de sus instituciones y discutir si sus diseños fiscales, culturales o productivos responden a la estructura argentina. La autonomía intelectual consiste en evaluar mecanismos con su contexto, no en rechazar una idea porque provino de Europa ni en importarla por su reputación exterior.
Las tradiciones socialistas plantean preguntas sobre propiedad, desigualdad de poder económico y control democrático de la producción. Este libro no presume que la propiedad pública sea siempre ineficiente ni que toda empresa privada sirva espontáneamente al interés general. Exigirá, en cambio, comparar capacidades de gestión, incentivos, inversión, derechos laborales y control. Una cooperativa, una empresa estatal y una firma privada pueden resolver problemas distintos; ninguna forma jurídica garantiza por su nombre calidad, empleo o igualdad.
El conservadurismo puede recordar que las instituciones heredadas contienen conocimientos prácticos difíciles de reemplazar de una vez; también puede proteger jerarquías injustas bajo el lenguaje de la continuidad. Una doctrina que pretende conservar una identidad nacional plural debería escuchar la primera advertencia y resistir la segunda. Las corrientes ecológicas obligan a reconocer que una ganancia productiva de corto plazo puede consumir agua, suelo o estabilidad climática que otras generaciones necesitan. La soberanía sobre recursos naturales no otorga permiso para ignorar daños territoriales. Todas estas familias son internamente diversas; se mencionan aquí como preguntas, no como retratos exhaustivos.
El resultado de esa conversación no es una mezcla cómoda. Puede haber conflictos que obliguen a elegir: una restricción comercial protege cierto empleo y encarece insumos para otro; una obligación ambiental reduce rentas actuales y preserva capacidades futuras; un impuesto financia servicios y cambia decisiones de inversión. La doctrina debe mostrar a quién beneficia, a quién perjudica y qué principio usa para justificar el saldo. No puede resolver la tensión invocando simultáneamente todos los bienes deseables.
La autonomía de decisión tiene costos
En el lenguaje político, «soberanía» suele sonar como ausencia de dependencia. En una economía tecnológica e interdependiente, la autonomía más realista es la capacidad de elegir proveedores, conservar conocimientos, auditar sistemas críticos y negociar condiciones sin quedar atado a una sola contraparte. Un Estado que declara autosuficiencia mientras compra una infraestructura cuyo funcionamiento no puede inspeccionar es menos autónomo de lo que afirma. A la inversa, importar componentes puede fortalecer capacidad nacional si el contrato permite aprendizaje, interoperabilidad y sustitución futura.
La misma lógica rige para moneda, energía y comercio. Una moneda propia no asegura independencia si no conserva poder de compra; un recurso petrolero no garantiza tarifas sostenibles si las redes carecen de inversión; una barrera arancelaria no crea industria competitiva si protege indefinidamente productos caros sin aprendizaje. Estos enunciados son mecanismos posibles, no resultados cuantificados. Cada uno necesita datos sectoriales y reglas de revisión. El capítulo económico examinará más adelante sus condiciones de éxito y fracaso.
Un ejemplo argentino ilustra la dificultad. Supongamos que se desea fabricar localmente una máquina usada por pequeños productores. Proteger el ensamblaje final puede sostener empleo y aprendizaje, pero también elevar el precio de la máquina y atrasar inversiones de quienes la necesitan. La decisión debe distinguir fabricación de piezas, ensamblaje, mantenimiento, diseño y capacidad de exportación; calcular valor agregado y costo para compradores; fijar metas verificables y una salida si no hay aprendizaje. No existe una respuesta doctrinaria que permita saltear esa comparación. Llamar «nacional» al producto no informa por sí solo cuánto conocimiento, trabajo o poder de decisión se creó en Argentina.
La dificultad de la neutralidad aparente
La mirada de Livia. «Autonomía de juicio» puede convertirse en una fórmula imposible de refutar: después de cada fracaso se dirá que aquella política no fue suficientemente autónoma. Además, las tres pruebas propuestas contienen conflictos internos. Una política puede ampliar empleo y dañar ambiente; otra puede proteger privacidad y dificultar fiscalización; una tercera puede preservar independencia tecnológica y consumir recursos que faltan en salud. Si el libro no publica criterios para ponderar esas pérdidas, la supuesta posición propia solo trasladará discrecionalidad del líder al experto.
La objeción obliga a precisar el método. Primero se identifican umbrales de derechos: ninguna ventaja productiva justifica censura o discriminación. Segundo se estiman costos y daños con el mejor dato disponible, señalando incertidumbre. Tercero se comparan alternativas, incluida la posibilidad de no intervenir o intervenir menos. Cuarto se asigna competencia y responsabilidad para que una decisión pueda ser revisada democráticamente. Quinto se fija una condición de retiro antes de que el instrumento cree beneficiarios capaces de bloquear toda evaluación. Donde el derecho no da respuesta única, la decisión política permanece abierta y debe ser argumentada por sus autoridades, no atribuida a una máquina ni a un principio abstracto.
Esta tercera posición no reclama ser árbitro del pluralismo. Una persona liberal, socialista o conservadora puede apoyar una política por razones propias y rechazar la siguiente. El justicialismo muestra su valor cuando ordena prioridades reconocibles —justicia social, bienestar y cooperación bajo libertades— y cuando permite comprobar si las sostuvo en una decisión difícil. Proclamarse mediador natural de todos los extremos sería otra manera de eludir la prueba. El capítulo siguiente desarrolla los fundamentos que vuelven exigible ese juicio.