18. Educación, ciencia y capacidades para el porvenir
Capacidades que sobreviven a un oficio
Una sociedad que enseña solo las destrezas pedidas por las empresas de hoy puede descubrir que sus graduados carecen de criterio para cambiar de trabajo, cuestionar una orden automatizada o crear una actividad nueva. Una escuela que ignora empleo y tecnología puede, a su vez, entregar diplomas sin oportunidades. El futuro requiere base común exigente y caminos múltiples de especialización, con libertad intelectual para revisar los fines de la propia economía. Leer, razonar matemáticamente, conocer historia y ciencias, cooperar y argumentar con respeto son capacidades que permiten aprender nuevas herramientas; la formación técnica agrega saberes que solo se adquieren haciendo.
La tesis de este capítulo es que la educación y la ciencia son a la vez derechos, bienes públicos y fuentes de capacidad productiva. Ninguna dimensión cancela las otras. Una persona tiene derecho a aprender aunque no se estime un retorno fiscal; la sociedad tiene interés legítimo en que recursos educativos amplíen oportunidades y conocimiento confiable. Las evaluaciones deben examinar acceso, trayectorias, aprendizaje, libertad académica y condiciones de enseñanza, no solo número de certificados ni ingreso salarial posterior. El capítulo I.12 mostró que una tarea puede cambiar por IA sin que desaparezca todo el oficio; por eso la formación debe preparar movilidad con protección, no entrenar a cada generación para una predicción tecnológica única.
La Constitución nacional encomienda educación y desarrollo científico y tecnológico al Congreso dentro del federalismo y reconoce autonomía y autarquía de universidades nacionales en su artículo 75 inciso 19. La Ley 26.206 estructura educación nacional con competencias y modalidades; la Ley 24.521 actualizada regula educación superior. Esta última cambió en 2025 su artículo 2 bis: el texto consultado garantiza gratuidad del grado estatal a argentinos nativos o por opción y extranjeros con residencia permanente, mientras permite retribuciones para personas fuera de ese grupo en términos legales. Es un dato normativo actual a octubre de 2026, no un juicio sobre su constitucionalidad ni sobre cada aplicación universitaria. B03 B46 B78
Base común y diferencias regionales
Una escuela de una ciudad grande y otra de la puna deben garantizar conocimientos y derechos comunes, pero no necesitan idénticos proyectos prácticos. El agua, el cuidado, la energía, lenguas locales, agricultura, manufactura o turismo pueden ofrecer problemas relevantes para aprender ciencia, historia y matemática. «Pertinencia regional» no debe reducir a un estudiante de una zona minera a ser trabajador minero, ni a una niña rural a continuar un destino definido por su lugar. La movilidad social consiste en poder quedarse y prosperar o irse y elegir otro camino, sin que una opción sea impuesta por falta de escuela o transporte.
La educación intercultural bilingüe, prevista en la Ley 26.206, exige participación de representantes indígenas y respeto a lenguas y culturas según su ámbito. B46 No es un adorno para jornadas conmemorativas. Requiere docentes, materiales, criterios de aprendizaje y diálogo con comunidades. Tampoco justifica privar a un alumno de conocimientos generales necesarios para moverse por instituciones nacionales. Una base común se construye con pluralidad de voces; no se logra imponiendo que una sola tradición «represente» a todos.
La formación técnica tiene otra tensión. Las empresas conocen necesidades de producción y pueden ofrecer prácticas, equipos y empleo; si dominan por completo el currículo, el estudiante queda atado a tecnología o firma específica. Una alianza justa comparte definición de competencias, garantiza seguridad y remuneración de prácticas cuando corresponde, certifica aprendizajes transferibles y permite a docentes investigar alternativas. El Estado debe medir la inserción real sin convertir la tasa de empleo inmediato en única calidad de una escuela técnica. El mercado puede cambiar y la educación debe preservar capacidad de crítica y aprendizaje.
Universidad: acceso, exigencia y autonomía
La gratuidad legal del grado para las personas alcanzadas reduce una barrera de precio, pero transporte, vivienda, materiales, horarios de trabajo y preparación previa pueden seguir excluyendo. Una universidad regional puede ampliar acceso; si abre carreras sin docentes, laboratorios o continuidad, el nombre institucional promete más de lo que entrega. La estrategia puede combinar becas según necesidad, apoyos académicos, calendarios compatibles con trabajo, reconocimiento de trayectos y oferta de calidad verificada. Los costos deben presupuestarse, no atribuirse mágicamente a «descentralización».
La exigencia académica no se opone al acceso. Una evaluación transparente permite identificar dificultades y apoyarlas a tiempo, mientras respeta libertad de cátedra y autonomía. El riesgo contrario es usar indicadores de aprobación para presionar a docentes a bajar estándares o expulsar estudiantes que necesitan más acompañamiento. Las tasas deben leerse por cohorte, campo, dedicación y condiciones de ingreso. El valor de una universidad también incluye investigación, extensión y formación cívica que no se mide en salarios. Si se propone un cambio legal en gratuidad o financiamiento, hay que debatir derechos, costos, distribución y autoridad competente; no presentarlo como decisión administrativa menor.
Ciencia como institución de aprendizaje público
La Ley 25.467 establece un marco del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y sus fines; la Ley 27.614 dispuso incremento progresivo del presupuesto nacional para ciencia y técnica y criterios de federalización. Ambas fijan obligaciones y orientación normativa. No prueban por sí solas ejecución presupuestaria, calidad de proyectos ni distribución efectiva entre provincias. B79 B80 Un programa honesto debe analizar la ley vigente junto con presupuesto aprobado, devengado, pagos y resultados de investigación, sin confundir metas legales con realidad financiera.
La investigación básica no siempre tiene un comprador identificable ni un plazo breve. La aplicada puede resolver problemas productivos o de salud y generar conocimiento abierto. Un sistema equilibrado financia ambas, exige evaluación por pares y controles de integridad, y deja espacio para proyectos de riesgo razonable. Pedir que toda investigación venda una patente al año siguiente favorece resultados fáciles y penaliza ciencias sociales, ambientales o fundamentales. Financiar sin revisión ni prioridades públicas puede preservar grupos cerrados. La calidad institucional depende de concursos, datos, evaluación plural, libertad de investigación y capacidad de cerrar líneas que consumen recursos sin aprendizaje, respetando derechos laborales.
Federalizar ciencia no significa repartir dinero en veinticuatro partes iguales sin equipos ni problemas definidos. Puede requerir infraestructura compartida, becas, bibliotecas, redes de datos, traslado de investigadores y proyectos ligados a desafíos territoriales. Un laboratorio del NOA puede estudiar agua y materiales con relevancia nacional; una universidad del conurbano puede estudiar cuidados y movilidad; ambas deben tener acceso a estándares científicos internacionales. El criterio de equidad territorial se combina con viabilidad y formación de capacidades locales. La concentración existente no se corrige creando edificios vacíos.
Inteligencia artificial nacional y libertad de elección
Una estrategia de IA requiere más que comprar computadoras o anunciar un «modelo nacional». Necesita datos de calidad bajo derechos, energía confiable, capacidad de investigación, técnicos, evaluación y contratos que permitan cambiar de proveedor. Algunas tareas pueden resolverse con software simple o modelo abierto adaptado; otras justifican servicio comercial; pocas podrían requerir entrenar un modelo desde cero. La soberanía reside en poder auditar, decidir, preservar datos y sostener servicios, no en reclamar origen doméstico de cada componente. El capítulo II.18 convertirá esto en decisiones de arquitectura y costo.
La libertad de elección también alcanza a personas. Un alumno debe aprender a usar herramientas y a detectar sus errores, pero no puede ser obligado a entregar datos personales a un proveedor para acceder a educación obligatoria sin base jurídica y alternativa. Un docente puede usar asistencia para preparar materiales, siempre que conserve responsabilidad por evaluación y proteja información de estudiantes. Una universidad puede investigar aplicaciones y riesgos, incluida crítica al propio programa nacional. La UNESCO recomendó en 2021 un enfoque de IA que incluya derechos, evaluación de impactos y supervisión; es una guía internacional, no una ley argentina que resuelva cada aula. B81
Objeciones y condiciones
Una objeción fiscal señala que educación y ciencia absorben recursos que podrían financiar salud inmediata o estabilización. Es un costo de oportunidad real. La respuesta no es afirmar que todo gasto se paga solo, sino separar obligaciones educativas, inversión en capacidad y proyectos de investigación con horizontes distintos; medir eficiencia administrativa y publicar prioridades. Una escuela sin agua necesita una solución antes que una plataforma de IA. Pero recortar indiscriminadamente formación puede agravar la capacidad fiscal y productiva futura. La comparación debe contemplar corto y largo plazo sin esconder incertidumbre.
La objeción cultural teme que una formación estratégica transforme a estudiantes en engranajes de un plan estatal. También es válida. La base común debe dar conocimiento para discutir y cambiar ese plan, no adhesión obligatoria a una doctrina. Los programas regionales ofrecen posibilidades, no destinos. La libertad de enseñanza, conciencia y asociación, dentro del marco constitucional, protege disenso en escuelas y universidades. El proyecto justicialista se fortalece si acepta que una persona formada puede rechazar sus conclusiones y aun así merece la mejor educación pública disponible.
Livia — contrapunto crítico. «Carreras del futuro» puede convertirse en una etiqueta para derivar becas hacia sectores favorecidos por una tecnología pasajera. Pediría publicar el método de selección, empleos observados, escenarios alternativos y revisión de quienes estudian y enseñan. Si una formación fracasa en inserción, se modifica sin humillar a sus graduados ni atribuirles el error. Si una investigación no muestra aplicación inmediata, se pregunta qué conocimiento verificable produjo antes de llamarla inútil.
El porvenir no se posee: se prepara formando personas capaces de aprender y sociedades capaces de corregir. Educación y ciencia son instrumentos de producción, pero su valor más profundo es ampliar la libertad de decidir qué vale la pena producir y cómo vivir juntos.
Referencias específicas
- B03. Constitución argentina, art. 75 inc. 19.
- B46. Ley 26.206, arts. 52–53.
- B78. Ley 24.521 actualizada, arts. 2 bis, 3 y reglas de educación superior.
- B79. Ley 25.467 actualizada, objetivos y sistema nacional de ciencia.
- B80. Ley 27.614, arts. 1–2 y 8; contrastar ejecución con presupuesto vigente.
- B81. UNESCO, Recomendación sobre la Ética de la IA, 2021.