Anexos del Volumen I

A. Glosario de uso

Autonomía doctrinaria. Capacidad de una tradición para formular fines propios y revisar instrumentos sin reducirse a una coalición electoral, un líder o un gobierno. No equivale a aislamiento del conocimiento comparado.

Comunidad organizada. Idea histórica de articulación de personas, asociaciones y Estado. En esta reconstrucción queda limitada por pluralismo, libertades individuales y autoridad constitucional. No da a una organización potestad de hablar por toda la sociedad.

Dignidad. Condición de igual consideración moral y jurídica que no depende de productividad, ciudadanía partidaria, clase ni adhesión ideológica. Sus prestaciones concretas necesitan normas y recursos; la dignidad no determina automáticamente un monto.

Justicia social. Criterio normativo para examinar distribución de oportunidades, recursos, riesgos y voz pública. Requiere evaluar resultados y daños, no atribuir eficacia a una medida por su nombre.

Soberanía. Capacidad de decisión dentro de obligaciones constitucionales e internacionales y restricciones materiales. No significa autosuficiencia de cada producto ni discreción ilimitada del Ejecutivo.

Tercera Posición. Noción histórica y política de autonomía frente a alineamientos binarios. En el libro funciona como problema de libertad de decisión y coaliciones, no como regla económica única válida en cualquier década.

Hecho, interpretación, valor, propuesta, escenario. Un hecho requiere documento y método; interpretación enlaza hechos bajo una lectura discutible; valor expresa prioridad ética; propuesta diseña una acción sujeta a ley y prueba; escenario deriva consecuencias condicionales de supuestos explícitos. Las cinco categorías no se sustituyen entre sí.

Livia. Nombre editorial de la inteligencia artificial colaboradora e interlocutora crítica. Sus contrapuntos son análisis escritos, no testimonios de experiencia humana ni aprobación del autor.

B. Cronología mínima y límites de atribución

Esta selección no pretende ser una historia exhaustiva del peronismo. Las fechas de edición o reproducción se distinguen de las de sanción o discurso. Los capítulos históricos indican cuándo una tesis procede del corpus de Perón, cuándo es interpretación de Franco Alfredo Moyano Caram y cuándo una fuente crítica la discute. El dossier de bibliografía conserva localizadores y salvedades.

C. Tensiones que el lector debe conservar abiertas

La matriz completa de trabajo está en CONTROL/MATRIZ_DE_CONTRADICCIONES.md, con estados de evidencia y examen jurídico. Ninguna solución editorial aquí se atribuye como decisión aprobada por el autor.

D. Regla de lectura de las fuentes

La bibliografía común B01–B128 acompaña ambos tomos. Cada capítulo coloca la referencia junto a la afirmación que puede sostener. Una ley prueba su texto en fecha y versión consultadas; no prueba cumplimiento. Un portal estadístico localiza datos, pero no valida una cifra no descargada. Un modelo hipotético enseña condiciones, nunca describe Argentina. El registro CONTROL/FUENTES_Y_AFIRMACIONES.csv separa hechos, interpretaciones, valores y propuestas. Las cuestiones pendientes se conservan como pendientes, incluso en la edición PDF.

E. Estado de la evidencia por capítulo

Estas verificaciones estaban identificadas en las notas internas de la v2. Se conservan para que el lector distinga el alcance documental de la obra; ninguna se considera resuelta por su traslado. Las propuestas que requieren datos o dictamen siguen siendo condicionales.

• I.01: historiografía plural sobre derechos sociales y restricciones a libertades durante los gobiernos peronistas; examen de ediciones doctrinarias y prensa de época. Este capítulo evita atribuciones históricas más amplias sin esa lectura.
• I.02: cotejo del decreto con el facsímil original del Boletín Oficial; texto íntegro y debates de la Ley 14.021; fuentes cuantitativas de acceso universitario y condiciones laborales; revisión historiográfica adicional de regiones y de la oposición política.
• I.03: ampliar bibliografía de historia internacional y filosofía política comparada antes de adjudicar tesis más precisas a cada tradición. El contraste de este capítulo es conceptual y deliberadamente no formula resultados empíricos por país.
• I.04: diseñar con datos argentinos fechados un tablero multidimensional, publicar pesos alternativos y comprobar sensibilidad territorial; investigar normas sectoriales de vivienda y servicios antes de convertir los ejemplos en reformas.
• I.05: verificar las modificaciones legales y litigios relevantes en migración y trabajo antes de redactar propuestas normativas; construir una línea de base de cuidados y accesibilidad con año, jurisdicción y método, sin confundir valorización de una cuenta satélite con gasto fiscal o ingreso de los hogares.
• I.06: estudiar jurisprudencia argentina sobre representación sindical y pluralidad asociativa, casos de consejos sectoriales con evaluaciones independientes y normas concretas de participación ambiental y territorial antes de ofrecer un modelo legal cerrado.
• I.07: desarrollar debates filosóficos contrarios sobre libertad, propiedad, paternalismo y derechos positivos con ediciones localizadas; calcular en el volumen II costos y efectos de políticas concretas antes de afirmar que un piso de bienestar es financiable en determinada forma.
• I.08: cotejar decisiones legislativas y judiciales posteriores sobre DNU 681/2026; estudiar jurisprudencia y prácticas de consulta indígena, y presupuestos culturales y territoriales antes de proponer instrumentos. No deducir de la identidad cívica una solución automática a esos conflictos.
• I.09: investigar con archivos y bibliografía histórica la diversidad de relaciones efectivas entre catolicismo, otras tradiciones y justicialismo; relevar implementación de educación intercultural por jurisdicción, presupuestos culturales, prácticas de consulta y jurisprudencia sobre igualdad religiosa. No inferir eficacia de una norma solo de su sanción.
• I.10: estudiar casos argentinos de deliberación, publicidad política y moderación de plataformas con sus resultados y litigios; diseñar en II.11 convocatoria, costos, datos e indicadores sin afirmar eficacia de un consejo aún no probado. No convertir el tratamiento de información manipulada en censura de crítica legítima.

El dossier INVESTIGACION/ESTADO_DE_LA_EVIDENCIA_V2_1.md conserva el registro íntegro y las comprobaciones institucionales puntuales de esta edición.