Capítulo 9 — La guerra fría argentina

Buenos Aires, 1967.

El expediente tenía un panfleto, tres nombres escritos a máquina y un informe que describía una reunión sin identificar a quien la había escuchado. La jueza Alicia Montalvo separó las hojas sobre su escritorio. La nueva Ley de Defensa de la Democracia permitía investigar la organización de actos violentos. El funcionario de seguridad que había solicitado las detenciones pretendía que también bastara para encerrar a quienes habían discutido la posibilidad de una revolución en un aula universitaria.

—¿Dónde están las armas? —preguntó ella.

—Tenemos información reservada.

—Le pregunto por pruebas que pueda examinar el defensor.

—Si las exponemos, perderemos la fuente.

Alicia volvió a mirar el panfleto. Defendía una doctrina que ella rechazaba. No contenía una instrucción para atacar a nadie. Había conocido en 1955 a abogados que justificaban la rebelión en nombre de la libertad; no iba a necesitar simpatía por los acusados para recordar que una opinión y una conspiración eran cosas distintas.

El funcionario le habló de Cuba, del apoyo a grupos armados en el continente y del temor a que la Argentina se convirtiera en un refugio. Había razones para investigar redes de violencia; la jueza no las negaba. Lo que estaba en disputa era si el miedo permitía reemplazar la prueba por una categoría política.

—La ley puede ser amplia —dijo ella—. Mi firma no tiene por qué serlo.

Ordenó diligencias sobre las personas y los movimientos que el informe mencionaba, y rechazó la detención de los estudiantes fundada sólo en el panfleto. A la salida del tribunal la esperaba un periodista que quiso saber si protegía a revolucionarios. Alicia no contestó. Había dictado una resolución, no una declaración de amor por la gente investigada.

Frondizi recibió un resumen de la decisión junto con informes sobre la situación boliviana. Los servicios de seguridad proponían cooperación más estrecha con gobiernos vecinos y con Estados Unidos. El presidente recordaba el entendimiento de Georgetown: autonomía formal, consultas estratégicas, ninguna obligación escrita. Ahora se presentaban solicitudes específicas. Cada una podía aceptarse o rechazarse; juntas formarían una política.

En una reunión de gabinete, un ministro pidió que las universidades identificaran a los profesores «peligrosos». Otro defendió la distinción entre actividad académica y preparación de ataques. El primero respondió que la frontera no siempre sería visible antes de una bomba. Frondizi escuchó sin resolver la discusión con una consigna. Había sostenido el desarrollo de las universidades porque el país necesitaba investigar y disentir. Si las convertía en oficinas de denuncia, debilitaría aquello que decía proteger.

Mientras tanto, Clara Villalba recibía en la fábrica de Córdoba a dos inspectores que pedían datos sobre un aprendiz. Sara, la obrera que estudiaba dibujo industrial, los vio llevarse una lista de asistentes a una charla sobre economía. No sabía si el muchacho había hecho algo más que formular una pregunta incómoda. Tampoco sabía qué podía averiguar sin poner en peligro su trabajo.

—Si empieza por la lista de una clase, termina por la del turno —le dijo a Raúl Ferrer.

Raúl había respaldado la ley al oír hablar de grupos armados. Releyó el texto con ella. Encontró facultades que suponían controles judiciales y otras cuya redacción dejaba demasiado espacio al funcionario que las aplicara. Preparó una nota sindical: exigía investigar los actos de violencia, publicar cifras de detenciones y permitir que los defensores conocieran los cargos. Algunos delegados lo acusaron de ingenuo. Otros firmaron al recordar cuánto había costado, en 1955, que un militar no sustituyera la Constitución por su juicio privado.

En 1968 el gobierno decidió enviar a Bolivia asesores, equipos de inteligencia y apoyo logístico en la llamada Operación Yungas. No fue una invasión. Tampoco era una palabra inocente en un comunicado. Las preguntas sobre quién habría pedido la ayuda, cuál era su alcance y ante qué autoridad responderían los argentinos enviados no desaparecían porque el contingente fuera pequeño.

Tomás Arce, ya con más años en la diplomacia, revisó la nota destinada al Congreso. Le parecía que explicaba el objetivo militar y omitía el riesgo político. Sugirió precisar el límite temporal y la prohibición de intervenir en interrogatorios sin supervisión. Un colega lo acusó de escribir cláusulas para un escándalo que aún no existía.

—Las cláusulas se escriben antes —respondió Tomás.

La operación avanzó con una supervisión que a él le siguió pareciendo insuficiente. Las críticas de legisladores, docentes y periodistas no impidieron el despliegue, pero obligaron al gobierno a defenderlo en público. Las preguntas llegaban también desde familias de soldados que sólo conocían la palabra asesor y querían saber qué podía significar en una zona de combate.

Al terminar el mandato de Frondizi, las fábricas funcionaban y la elección siguiente parecía asegurada. Alicia Montalvo conservaba en su archivo una copia de la primera resolución que había dictado bajo la ley. El expediente posterior había aportado pruebas contra una persona y descartado cargos contra las otras dos. Pensó en lo fácil que habría sido llamar a los tres por el mismo nombre al comienzo. La estabilidad de la República había dependido de personas dispuestas a enfrentar armas. También dependía, descubrió, de quienes se negaban a llamar arma a cualquier idea que temieran.