Capítulo 19 — El padre del consenso
Buenos Aires y Córdoba, 1988–1993.
Raúl Alfonsín recibió la banda presidencial de Ramón Ortega con una sonrisa que duró lo que exigían las cámaras. En el primer despacho sobre la mesa estaba el estado de las obras que el gobierno saliente había construido; en el segundo, una síntesis del caso Acero Nacional. La continuidad del país incluía hospitales nuevos y contratos cuya legalidad seguía disputándose. No podía aceptar unos como herencia y tratar los otros como si pertenecieran a una administración extinguida.
Una investigadora de la comisión parlamentaria, Lucía Barreto, le presentó las solicitudes de información que sus ministros aún no habían respondido. Alfonsín preguntó cuánto tiempo más necesitaban los jueces. Lucía contestó que ésa era la pregunta que un presidente no debía hacerles antes de entregar los archivos.
—Tiene razón —dijo él—. ¿Qué falta en los archivos?
No fue el comienzo de una amistad. Lucía desconfiaba de cualquier gobierno que llamara cooperación a decidir qué documentos podían verse. En los meses siguientes insistió en actas, registros de compras y comunicaciones entre ministerios. Algunas aparecieron incompletas. Alfonsín ordenó búsquedas adicionales y soportó que una parte de su partido denunciara que estaba facilitando munición a la oposición.
La caída del Muro de Berlín en noviembre de 1989 llenó las pantallas de imágenes que parecían confirmar, para muchos, el fin de una disputa mundial. Alfonsín las vio desde una Casa Rosada donde los problemas de energía, salarios y corrupción no habían terminado con la Guerra Fría. Había defendido las libertades frente a los bloques que exigían lealtades automáticas. Se resistió a convertir la celebración de una frontera abierta en la idea de que todas las decisiones económicas futuras tuvieran una sola respuesta.
En 1991 convocó en Córdoba a representantes peronistas, radicales, provinciales y de otras corrientes para discutir reglas institucionales. Las reuniones pronto fueron llamadas Acuerdo de Córdoba. La palabra acuerdo molestó a quienes llevaban semanas sin coincidir siquiera en el temario.
Lucía asistió como asesora en mecanismos de control. Quería acceso a información presupuestaria y procedimientos para investigar contratos públicos. Un gobernador exigía preservar competencias provinciales. Un dirigente sindical temía que la transparencia de los expedientes se usara para vigilar asambleas en lugar de licitaciones. La jurista Alicia Montalvo, que había cuestionado detenciones bajo la ley de seguridad de 1967, reclamó protección de derechos frente a poderes excepcionales. Cada cual veía una amenaza distinta en el mismo Estado.
Alfonsín propuso suspender una votación que habría producido una victoria estrecha y una derrota duradera. Le reprocharon perder tiempo. Respondió que un acuerdo sobre las reglas debía sobrevivir a la próxima alternancia, no sólo a la aritmética de aquella tarde.
La mesa se dividió en grupos. Uno trabajó sobre controles del gasto; otro, derechos y garantías; otro, representación y duración de los mandatos. Lucía obtuvo una cláusula para publicar información que antes dependía de la voluntad de cada ministerio. Aceptó, a cambio, un procedimiento de reserva limitado para datos cuya difusión podía afectar investigaciones en curso. No estaba segura de que la fórmula fuera suficiente. Firmó una recomendación que incluía una revisión periódica, porque sabía que no habría una última redacción capaz de anticipar todos los abusos.
En el tren de regreso a Buenos Aires, un periodista preguntó a Alfonsín si había convencido al país de ponerse de acuerdo. Él miró las marcas en el borrador. Eran tantas que apenas quedaba una página sin correcciones.
—Todavía están discutiendo —respondió.
Para el periodista sonó como un fracaso. Para Lucía, que viajaba en otro vagón con sus papeles, era la única descripción exacta de lo ocurrido.
Elena Rivas siguió los debates desde su casa. Julián decía que tanto procedimiento no curaría la herida del Beagle ni impediría un nuevo caso de corrupción. Ella estuvo de acuerdo en lo primero y le pidió que imaginara qué habría pasado si, en 1955, las pruebas contra los conspiradores hubiesen tenido menos defensores y más consignas.
—Las reglas no hacen buena a la gente —dijo—. Hacen más difícil que una sola persona decida qué cuenta como verdad.
Cuando se acercó 1994, Alfonsín sabía que no todos los cambios propuestos llegarían intactos a la Constitución. Había concesiones que defendería y otras que lamentaría. El caso Acero Nacional seguía abierto en los tribunales. Lucía aún requería documentos. La obra institucional del presidente no consistía en declarar terminado el control, sino en soportar que continuara después de que él abandonara el cargo.