
Capítulo 17 — El ingeniero de Tucumán
Tucumán y Buenos Aires, 1982–1988.
Ramón «Palito» Ortega llegó a la Presidencia con un apodo que no había buscado todavía. Su vida pública había pasado por escenarios, estudios de cine y el gobierno provincial; muchos adversarios creían que una popularidad semejante era incapaz de sostener una administración nacional. Él respondió con obras. Algunas fueron necesarias. Otras, anunció Clara Villalba en una comisión técnica, no resistían la pregunta de quién las usaría ni cómo se mantendrían.
El plan de Acero Nacional prometía ampliar la producción para abastecer fábricas, transporte e infraestructura. Clara había sido convocada para revisar especificaciones. En la primera carpeta encontró tres ofertas; en la segunda, una recomendación que comparaba sólo dos. La empresa omitida no era necesariamente la mejor. Quería saber por qué había desaparecido.
—Presentó tarde un anexo —explicó el responsable de compras.
—El anexo está fechado antes del cierre.
—Eso no prueba que llegara.
Clara pidió el registro de recepción. Dos semanas después le enviaron una copia ilegible. Sara, que ahora coordinaba una sección de la fábrica cordobesa, le aconsejó no saltar de una irregularidad a una acusación. Habían visto demasiadas obras demoradas por disputas entre empresas. Clara estuvo de acuerdo. Precisamente por eso quería un expediente completo.
Ortega visitaba provincias con planos bajo el brazo. Inauguró escuelas, rutas y centros de salud; también encontró edificios terminados sin personal y caminos cuyo mantenimiento no figuraba en ningún presupuesto. Un asesor le pidió que evitara detenerse en una escuela rural que aún no tenía maestros asignados.
—La inauguración ya está anunciada —dijo.
—Entonces tendremos que explicar qué falta después de cortar la cinta —respondió Ortega.
Lo hizo esa vez. No siempre. La velocidad que había convertido en marca de gobierno lo empujaba a aceptar informes demasiado optimistas. Cada promesa de una obra nueva dejaba menos tiempo político para revisar la anterior.
El caso Acero Nacional apareció en los periódicos cuando una empleada del área de compras entregó copias de correcciones hechas después de la evaluación. La oposición habló de empresarios cercanos a ministros. Los ministros alegaron errores administrativos. Clara declaró ante una comisión parlamentaria y se negó a afirmar que había visto un soborno.
—Vi que una oferta fue excluida con una razón que el registro no demuestra —dijo—. Vi cambios de puntaje sin firma. Eso debe investigarse.
Un diputado insistió en que nombrara a un culpable. Otro quiso que se retractara para no dañar el programa industrial. Clara rechazó ambas invitaciones. La planta y el procedimiento podían importar a la vez.
Ortega recibió la noticia de que un juez solicitaba contratos y comunicaciones del gabinete. Le aconsejaron alegar que la documentación era estratégica. Recordó la pregunta que le habían hecho tantas veces sobre su preparación para gobernar. No encontraría una respuesta en proteger a un funcionario antes de leer el expediente.
Ordenó entregar los documentos conservados y permitió que los citados comparecieran. La decisión no demostraba inocencia del gobierno. Tampoco convertía al presidente en árbitro de la causa. Lo obligaba a tolerar que periodistas, jueces y adversarios describieran hechos que prefería ver resueltos antes de la próxima visita provincial.
Raúl Ferrer observó el proceso con una preocupación distinta. Si las contrataciones habían sido irregulares, la fábrica podía perder empleo y producción aunque los responsables recibieran castigo. Pidió un plan para continuar las obras útiles bajo nuevas reglas de compra. Algunos lo acusaron de defender a Ortega; otros, de facilitar la investigación. Raúl respondió que la gente que había trabajado en la planta no debía quedar encerrada entre dos consignas.
En 1988, al terminar el mandato, Ortega recorrió un hospital nuevo en Tucumán. Funcionaba la sala de emergencias; faltaban equipos en un sector prometido para el año anterior. El director le mostró los turnos que podían atender y los que derivaban a otra ciudad. Afuera esperaban fotógrafos. Ortega preguntó por la fecha del equipo antes de posar.
La investigación de Acero Nacional seguía abierta en varias líneas. Había contratos revisados, funcionarios citados y preguntas sin respuesta. Quienes llamaban a Ortega el ingeniero de Tucumán lo hacían a veces con afecto, a veces con ironía. Él no había sido ingeniero. Clara pensó que un título, real o inventado, servía de poco si no enseñaba a revisar un cálculo cuando la obra ya estaba levantada. En la sala de emergencias, un médico atendía a una niña mientras los hombres del pasillo discutían el legado presidencial. La utilidad de aquel hospital era cierta; también lo era la obligación de saber cuánto había costado y a quién se había favorecido para construirlo.