Capítulo 25 — Entre el dragón y el águila
Buenos Aires, 2014–2018.
Sergio Massa recibió una propuesta de financiamiento para ampliar un corredor ferroviario hacia el Pacífico. El consorcio chino ofrecía crédito, maquinaria y una fecha de terminación que los gobernadores repitieron antes de leer las condiciones. En otra carpeta, una delegación estadounidense planteaba cooperación tecnológica para modernizar el control de cargas y la investigación aplicada. El gabinete celebró la posibilidad de aceptar ambas ofertas.
La gobernadora de una provincia atravesada por la obra pidió la palabra.
—¿Quién paga el mantenimiento cuando se vayan todos los que cortan la cinta?
No era una objeción geopolítica. Era un presupuesto que el proyecto había dejado en blanco. Los técnicos calcularon personal, repuestos y caminos secundarios. La cifra alteró el reparto entre Nación y provincias. Massa pidió una nueva mesa con gobernadores y trabajadores ferroviarios. Un asesor le advirtió que la demora podía hacer perder el préstamo.
—Entonces necesito saber cuánto cuesta decidir rápido —respondió.
Durante años el gobierno buscó acuerdos comerciales con China, cooperación científica con Estados Unidos y proyectos de energía con socios europeos. Massa decía que Argentina no tenía por qué elegir un único amigo. Sus críticos le exigían precisar qué haría cuando dos acuerdos impusieran condiciones incompatibles. La pregunta dejó de ser retórica cuando un proveedor quiso controlar los datos del sistema ferroviario financiado por una potencia y otro socio exigió acceso para instalar el sistema de seguridad.
Inés Rivas, que trabajaba en gestión documental, integró una comisión sobre los datos de transporte. Le interesaba menos el origen nacional de cada programa que la posibilidad de auditarlo y migrar la información si el contrato terminaba. El representante de una empresa le aseguró que el sistema era seguro; no podía mostrarle el código ni el procedimiento de exportación de los registros.
—Entonces no me está ofreciendo seguridad —dijo—. Me está pidiendo fe.
La comisión recomendó estándares abiertos para los datos públicos, pruebas independientes y plazos de revisión. La propuesta encareció la contratación. Massa la aceptó para el primer tramo, aunque otro ministerio intentó exceptuar una red energética alegando urgencia. Inés aprendió que la política de no depender de nadie podía fracasar en una cláusula técnica mucho antes de aparecer en un discurso.
Clara Villalba visitó una fábrica que comenzaba a exportar componentes para equipos de energía. Los directivos celebraban los nuevos mercados; Sara, cercana al retiro, le mostró un sector donde el trabajo se había automatizado sin ofrecer formación a la mitad de los operarios. El acuerdo comercial abría demanda, pero la distribución de sus beneficios dependía de decisiones dentro de la planta.
—No puedo reclamar que cierren el mercado —dijo Sara—. Puedo reclamar que no me digan que todos ganamos lo mismo.
La crisis entre grandes potencias se intensificó hacia el final del mandato. Massa recibió presiones para alinearse en cuestiones comerciales y tecnológicas que tocaban contratos ya firmados. Reunió a los ministros responsables y les pidió que describieran qué podría perder Argentina si aceptaba cada exigencia. Algunos costos eran visibles: financiación, exportaciones, acceso a laboratorios. Otros estaban en una dependencia futura difícil de medir.
La gobernadora regresó con un anexo de mantenimiento para el corredor. Había obtenido una parte del presupuesto y seguía disputando otra. Se negó a asistir a una presentación que anunciara la obra como concluida antes de que funcionaran los servicios locales. Massa consideró su ausencia una provocación y después reconoció que la ceremonia, por sí sola, no podía obligarla a pagar lo que no había acordado.
En diciembre de 2018 entregó el mando a Julio Cobos. El corredor tenía tramos terminados y otros en construcción; las empresas tecnológicas argentinas exportaban servicios y discutían cómo proteger trabajadores y datos; los vínculos con China y Estados Unidos seguían abiertos, pero ninguno era gratuito. Inés archivó los contratos con sus anexos. Sabía que un futuro gobierno tal vez citara sólo la cifra de inversión. Quiso que también encontrara la cláusula donde se veía quién debía conservar la vía cuando el tren empezara a pasar.