Capítulo 22 — La presidenta incómoda
Buenos Aires, 10 de diciembre de 1994.
Elisa Carrió recibió de Alfonsín los atributos presidenciales después de que la reforma constitucional se aprobara y de ganar una elección atravesada por el atentado a la AMIA. En el despacho la esperaba un informe sobre la investigación. No era el primero que leía. Era el primero del que debía responder como jefa de gobierno.
Pidió un inventario de documentos en manos de los servicios de inteligencia y un calendario para entregarlos a la autoridad judicial. El responsable del área objetó que algunos habían llegado de agencias extranjeras bajo condiciones de reserva. Carrió le pidió que distinguiera esa obligación de la simple costumbre de no mostrar papeles.
—Si protegemos una fuente, dejemos constancia de quién decidió hacerlo y por cuánto tiempo —dijo.
La instrucción produjo resistencia inmediata. Una parte de los funcionarios temía exponer métodos de investigación; otra parte temía que los expedientes mostraran errores propios. Nadia Szapiro, que participaba en reuniones de familiares, no confundió una auditoría con la verdad. Solicitó acceso a un índice de las piezas, incluso si alguna debía permanecer temporalmente reservada.
—No nos pidan confianza en una caja cerrada —dijo.
Carrió encontró más difícil cumplir esa exigencia que pronunciarla en la oposición. Había información contradictoria, cadenas de custodia incompletas y personas que le aconsejaban escoger cuanto antes una explicación definitiva del atentado. Ella aceptó publicar avances verificables y distinguir hipótesis, imputaciones y decisiones judiciales. La política exterior podía exigir posiciones; la investigación no debía convertirse en un discurso de certeza prestada.
La presidenta revisó también contratos de obras, compras ministeriales y gastos. Algunas auditorías detectaron errores y otras sólo confirmaron que una decisión impopular había seguido el procedimiento. Lucía Barreto, incorporada a un organismo de control después de la reforma, se enfrentó con un ministro que reclamaba corregir internamente una licitación antes de hacer público el informe.
—Si la publica, frenará la obra —dijo él.
—Si sólo publicamos las auditorías que no frenan nada, pronto nadie pedirá una —respondió Lucía.
Carrió sostuvo la publicación. El retraso tuvo un costo: una escuela recibió equipamiento meses después de lo previsto. También permitió rehacer la compra bajo reglas que los proveedores conocían. La presidenta tuvo que explicar ambas consecuencias. La honestidad no era una propiedad de su carácter que resolviera todas las decisiones; era un modo de exponerlas a revisión, incluso cuando la revisión mostraba un error propio.
En 1996 impulsó un programa de conectividad para escuelas y bibliotecas. Nadia pidió una computadora para la suya y descubrió que el presupuesto cubría la máquina, pero no el mantenimiento ni la formación de los bibliotecarios. Inés Rivas, ya adolescente, la ayudó a escribir una solicitud complementaria. Cuando llegó el equipo, aprendieron juntas a usarlo.
—Ahora podremos encontrar cualquier cosa —dijo Inés.
Nadia señaló las carpetas en papel que todavía esperaban clasificación.
—Si sabemos qué buscar y quién dejó constancia.
La modernización económica avanzó con empresas nuevas, industrias que buscaban adaptarse y trabajadores que temían perder saberes antes de poder aprender otros. Sara defendió cursos técnicos en la fábrica de Córdoba y pidió que se dictaran durante horas pagadas. La dirección aceptó una parte. El acuerdo no convirtió a todos en programadores ni eliminó los empleos vulnerables; abrió una transición concreta para quienes estaban allí.
El 11 de septiembre de 2001, Carrió vio las imágenes de los ataques en Estados Unidos y recibió llamadas que reclamaban una respuesta internacional inmediata. Nadia escuchó, en su biblioteca, que algunos políticos invocaban la AMIA para justificar cualquier medida de seguridad. Le escribió a la presidenta: la experiencia de Raquel no le daba al Estado un cheque en blanco. Tampoco le pedía permanecer indiferente ante nuevas víctimas.
El gobierno propuso una participación limitada en la cooperación internacional: personal médico, ingenieros, intercambio judicial y de inteligencia sujeto a controles, y una contribución militar acotada bajo autorización y reporte parlamentario. Hubo desacuerdos sobre cada componente. Carrió aceptó que una comisión revisara su alcance antes del despliegue. Quienes querían una alianza más amplia la llamaron vacilación; quienes rechazaban cualquier participación sostuvieron que el límite sería imposible de mantener. La presidenta no podía resolver esas objeciones diciendo que había conocido el terrorismo en su país. Tenía que mostrar órdenes, controles y plazos.
En 2002, cuando Carrió dejó el cargo, entregó la causa de la AMIA a su sucesor todavía abierta. Nadia había obtenido acceso a documentos antes reservados, pero no una sentencia que respondiera a todas sus preguntas. La presidenta pudo señalar auditorías publicadas y escuelas conectadas; no pudo prometer que la corrupción hubiera desaparecido ni que el atentado estuviera esclarecido.
Inés, que recordaba aquella mañana de 1994 con la memoria incompleta de una niña de ocho años, acompañó a Nadia a la biblioteca. Encendieron una de las computadoras nuevas para ordenar el catálogo, pero Nadia primero sacó de un armario la libreta que había llenado el día de la explosión. Inés le preguntó si pensaba digitalizarla.
—Sí —dijo Nadia—. Y guardar el original. Hay documentos cuya fuerza está también en que alguien los sostuvo cuando aún no sabía qué había pasado.