Capítulo 29 — La República de Septiembre

Buenos Aires, 2026.

La mañana después del traspaso presidencial, Inés Rivas encontró un sobre sin número de entrada en la oficina del archivo. Contenía copias de tres cartas de una familia chilena que buscaba confirmar dónde había muerto un soldado en enero de 1979. Los pedidos anteriores llevaban sellos de dos administraciones distintas. Ninguno contenía una respuesta definitiva.

Inés comprobó que una de las fechas había sido transcrita mal en la base de datos. El sistema nuevo había reunido dos expedientes porque sus apellidos se parecían. La corrección parecía sencilla hasta que descubrió que ambos habían sido citados en informes posteriores. Debía separar las personas y dejar una explicación visible, para que nadie volviera a convertir el error en un dato.

En la escuela donde seguía enseñando algunas horas, sus alumnos preparaban una exposición sobre los setenta y un años transcurridos desde septiembre de 1955. Habían reunido fotografías de fábricas, elecciones, la guerra del Beagle, la AMIA, los Mundiales y la pandemia. Un grupo tituló su panel Tres ataques contra la República: el bombardeo, la guerra, el terrorismo. Inés les preguntó si una guerra entre Estados y un atentado contra una comunidad eran la misma clase de hecho.

—No —respondió un alumno—. Pero los pusieron juntos en el libro.

—Entonces expliquen por qué, o discutan esa clasificación.

Los estudiantes dividieron el panel. Algunos querían conservar el título porque era conocido; otros temían que borrara el antisemitismo del ataque a la AMIA o la responsabilidad política de los gobiernos durante el Beagle. Nadia vino a clase y les contó cómo había sonado la calle de Pasteur aquella mañana. No les pidió que aceptaran una interpretación completa de la historia. Les pidió que no llamaran metáfora a las personas.

Julián llevó una carta escrita a bordo durante la guerra. La había encontrado en la caja de recortes de fútbol y documentos familiares. No describía una batalla importante: decía que tenía frío, que un compañero estaba herido y que esperaba que llegara una conversación. Un alumno preguntó si estaba orgulloso de haber servido.

—Estoy orgulloso de algunos hombres con los que estuve —respondió—. Y todavía tengo preguntas sobre las decisiones que nos llevaron allí.

Inés vio que la clase soportaba una respuesta sin cierre. Le pareció un aprendizaje menos vistoso que recitar una lista de presidentes.

En el archivo, la nueva administración pidió un informe de expedientes pendientes. Había solicitudes sobre contratos de obras, decisiones sanitarias de la pandemia, datos corregidos por sistemas automáticos y personas que aún reclamaban documentos sobre la AMIA. Un funcionario sugirió priorizar los casos que pudieran resolverse durante los primeros cien días. Inés respondió que podía organizar el trabajo por urgencia y antigüedad, pero no excluir a quienes llevaran demasiado tiempo esperando como si la demora los volviera menos importantes.

La llamada de la familia chilena llegó por la tarde. Inés no había encontrado la respuesta final. Les explicó qué documentos sí existían, cuál tenía una fecha equivocada y qué organismo debía verificar el lugar de muerte. Les dio un número de seguimiento que esta vez quedó registrado en ambos países. Al colgar, le pareció poco. Luego recordó las cartas sin contestar y volvió a revisar que el número abriera el expediente correcto.

Álvarez, recién llegado a la Presidencia, recibió en paralelo informes sobre el mismo pasado. Había prometido respetar lo construido y corregir sus fallas. La frase era fácil de pronunciar ante una multitud; empezaba a tener contenido cuando el gobierno debía financiar un archivo, permitir que una auditoría contradijera una obra propia o sostener una mesa con Chile que no diera rédito electoral. Inés no conocía aún qué elegiría el presidente. Había aprendido a no concederle por anticipado la virtud de sus promesas ni negarle la posibilidad de cumplirlas.

Al salir del trabajo pasó por la plaza. La Casa Rosada seguía allí, reconstruida y discutida desde el bombardeo. La gente cruzaba sin detenerse a pensar en todas las fechas asociadas al edificio. Dos empleados conversaban sobre su sueldo; una mujer llevaba de la mano a una niña; un vendedor discutía con un cliente. Inés recordó que Elena había visto una bolsa de naranjas abrirse en esa zona bajo la primera explosión. En el archivo conservaba su citación de 1955 y el registro donde había corregido el apellido de una víctima. Ninguno de esos papeles decía cómo votar en 2026.

En la exposición escolar, los alumnos habían dejado una mesa vacía para que los visitantes escribieran preguntas. La primera decía si una república podía considerarse fuerte cuando había familias que seguían esperando una respuesta. La segunda preguntaba quién decidía qué se recordaba en los manuales. Inés no añadió una respuesta maestra. Dejó copias de fuentes, señaló sus contradicciones y escribió dónde encontrar los originales.

Esa noche recibió un mensaje de la familia chilena. Habían podido abrir el expediente compartido. Agradecían la corrección y pedían que no se cerrara la búsqueda. Inés contestó que seguiría en trámite bajo la nueva administración. No era una victoria definitiva. Era una obligación que había pasado de unas manos a otras sin desaparecer.

Antes de apagar la luz, guardó la carta de Julián junto a la fotografía de Elena y a una copia de la libreta de Nadia. Los tres documentos habían sobrevivido a gobiernos, cambios de tecnología y relatos que pretendieron dar por terminadas sus preguntas. Afuera circuló el último tren. Al día siguiente habría clases, expedientes nuevos y decisiones del presidente que merecerían apoyo o crítica. La República de Septiembre continuaba allí, no como una respuesta que dispensara a sus ciudadanos de pensar, sino como el espacio en que todavía podían pedir, discutir y corregir una respuesta.