Capítulo 20 — La Segunda República
Puerto Belgrano, 1990.
El capitán Andrés Ledesma había pasado la Navidad de 1978 en el mar austral. Cuando recibió la orden de preparar una nave para una posible misión en el Golfo Pérsico, buscó primero la lista de tripulantes. No quería que la memoria del Beagle se usara como argumento automático para enviar a otros hombres a una guerra distinta.
Irak había invadido Kuwait en agosto. La respuesta internacional se organizaba para exigir el retiro de sus fuerzas. En Buenos Aires, Alfonsín propuso una participación argentina limitada a tareas navales de escolta y vigilancia dentro de la coalición. Legisladores de su propio partido preguntaron por el fundamento jurídico, la duración y el modo de retirar los buques si cambiaba el objetivo de la operación. El Presidente aceptó que esas preguntas se resolvieran antes de zarpar. Algunos mandos lo llamaron demora. Ledesma, que había aprendido cuánto costaba una orden imprecisa, no lo hizo.
El debate parlamentario no tuvo una sola línea entre partidarios de la paz y partidarios de la guerra. Quienes defendían la misión sostenían que una invasión no podía ser tolerada sin consecuencias. Quienes la cuestionaban temían que Argentina prestara sus barcos a una estrategia definida por Estados Unidos sin controlar sus límites. Alfonsín pidió un mandato escrito para las tareas asignadas y una obligación de informar al Congreso. La autorización se obtuvo con reservas expresas.
Ledesma explicó a la tripulación qué podían hacer y qué no. Un marinero joven le preguntó por Chile.
—Estuve allí —respondió—. Justamente por eso quiero que cada uno sepa cuál es su orden hoy.
El Golfo no se parecía al sur. El calor, la vigilancia de convoyes y la distancia de casa producían otra forma de cansancio. Ledesma guardaba los partes de cada jornada con la misma precisión con que otros guardaban fotografías. Los barcos argentinos escoltaron y patrullaron durante la operación; no podían convertir su presencia en la historia completa de la guerra. Cuando regresaron, hubo familiares en el puerto y preguntas que no cabían en una ceremonia.
En Córdoba, entretanto, la mesa institucional discutía una reforma constitucional. Una propuesta reducía a cuatro años los mandatos presidenciales. Alfonsín conocía el argumento a favor: renovar más pronto el consentimiento de los votantes y facilitar la alternancia. También conocía el costo de campañas más frecuentes y de gobiernos tentados a gobernar mirando la siguiente elección. Pidió que la regla se leyera junto con los controles y derechos que debían sobrevivir a cualquier ocupante de la Presidencia.
Lucía Barreto se opuso a una fórmula de supervisión que permitía a un órgano controlar sus propias cuentas. Un negociador le recordó que sin esa concesión perderían votos para toda la reforma. Ella preguntó cuántas veces una cláusula deficiente sería usada antes de una futura corrección. Cedieron en otra materia y conservaron una revisión externa. El acuerdo no salió de una súbita amistad entre adversarios, sino de saber exactamente qué riesgo aceptaban y cuál no.
En 1994, la convención discutía el texto que habría de fortalecer organismos de control, ampliar garantías y fijar mandatos presidenciales de cuatro años. Los periódicos empezaron a hablar de una Segunda República antes de que las cláusulas estuvieran aprobadas. A Elena Rivas le pareció un nombre demasiado grande para una Constitución que todavía tendría que ser aplicada por personas falibles. A Lucía le pareció útil si recordaba a los funcionarios que las reglas nuevas podrían invocarse también contra quienes las habían escrito.
El debate acompañaba una campaña presidencial que pocos habían previsto en esos términos. Elisa Carrió ganaba espacio entre quienes reclamaban controles más severos sobre el poder. Alfonsín todavía gobernaba y debía responder por sus propios expedientes. Ninguno de los dos podía saber cuánto exigirían los meses que quedaban hasta la entrega del mando.
Ledesma vio por televisión un debate sobre la reforma después de regresar del Golfo. Un comentarista llamó a la misión «la prueba de madurez internacional» de Argentina. Él apagó el aparato. Había visto a marineros cumplir una tarea difícil bajo un mandato discutido y acotado. Si eso demostraba algo, no era que el país necesitara nuevas ocasiones de mostrar banderas lejos de casa. Era que debía conservar la capacidad de preguntar, antes de enviar una nave, quién había decidido el destino y quién respondería cuando volviera.